La mayoría de los estudiantes afectados por unos plazos de devolución "que no son los previstos" solicitaron y firmaron los préstamos Renta-Universidad (PRU), ofertados por el Ministerio de Educación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la condición de devolver el dinero cuando encontraran un trabajo de 22.000 euros. Ese era uno de los requisitos, una "condición tranquilizadora, en cierto modo", para un estudiante que necesitaba unos 10.000 euros, por ejemplo, para estudiar un máster en Madrid y optó en su momento por esta fórmula.
La cuestión es, según la Plataforma de Afectados por el Préstamo Renta-Universidad, "que dicho requisito no se cumplió y el banco empezó a exigir el pago de las primeras cuotas a los beneficiarios de los préstamos, sin tener en cuenta si tienen trabajo y, de ser así, cuánto perciben de salario". A partir de mediados del año pasado, beneficiarios de este tipo de préstamos empezaron a recibir notificaciones y peticiones para reintegrar el dinero, de manera que la condición de conseguir un trabajo de 22.000 euros para empezar a devolver el crédito "desapareció".
En la petición de devolución, como explica la plataforma, "no se tiene en cuenta lo que percibe de salario la persona que terminó los estudios, ni si ha conseguido trabajar; en este caso se tiene que hacer cargo del pago la familia", comenta Ramón Rey, el abogado de la plataforma y portavoz de los afectados. Él mismo fue beneficiario en su momento de un crédito de este tipo para estudiar un máster y ahora le toca defender a compañeros "que lo están pasando mal". "Las exigencias de cobro tienen la intensidad de cualquier otro crédito o compromiso que uno tenga con el banco y aquí se han cambiado las reglas de juego sin informar a la gente; a mi me recuerda a lo que ocurrió con las preferentes", comenta el santiagués Rey, que junto a otros compañeros de oficio tras cursar su máster montó Castelao Abogados, con despacho en Compostela y Madrid.
Compromisos
Cuenta que las condiciones publicitadas para estos préstamos, no implicaban a avalistas, "de manera que al pedirlo no responsabilizabas a nadie", y te permitían "la confianza de reintegrar el dinero al conseguir un trabajo que te permitiera pagar las cuotas". "Ninguna de las dos condiciones se han cumplido", protestan los afectados de la plataforma, que exigen a través de su representación legal al Ministerio de Educación que vuelva a asumir los compromisos pactados al principio "para así resolver el problema". "Hay que pensar en becarios, con menos de 500 euros, y que tienen que pagar cuotas de 300. La orden de pago es total y si no se cumple se ejecuta", expresa Rey, refiriéndose a posibles embargos.
Solo en la convocatoria 2010-2011 "hubo 2.235 afectados", asegura Rey, que estima que en total, pendiente aún de cerrar los datos finales, "serán unos 8.000 jóvenes". Según el abogado, "el requisito de los 22.000 euros salía en los folletos y promoción de este tipo de préstamos pero no constaba en la letra pequeña, en el compromiso adquirido con la entidad". Esta es la versión de los jóvenes de la plataforma, que han recibido el apoyo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
La plataforma "sigue esperando desde hace más de 12 meses a que el Ministerio de Educación cumpla su promesa, en relación a la línea ICO-Préstamo Renta-Universidad, y que se lleve a cabo la introducción de las condiciones del umbral de renta de 22.000 euros brutos anuales, como en convocatorias anteriores". Esa es la solución "más lógica", según los afectados, cumplir los compromisos iniciales para que los jóvenes "no se sientan engañados ni indignados". De momento, han conseguido que el Ministerio de Educación les conceda dos años más de carencia, de manera que aumenta el plazo para empezar a devolver el dinero del préstamo. "No lo arregla porque el problema vendrá en un año o dos", añade Ramón Rey. Además, con el contexto económico actual, "es difícil que todos los afectados encuentren empleo en ese tiempo", concluye.
