El Ministerio de Sanidad y la mayoría de las comunidades autónomas aprobaron ayer un informe jurídico que considera que el anteproyecto de ley del aborto no tiene "impacto negativo" en el Sistema Nacional de Salud (SNS), un documento que no ha tenido el apoyo de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias. La ministra de Sanidad, Ana Mato, explicó que este acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebró en Toledo, se trata "simplemente de una valoración sobre el impacto que tiene el anteproyecto" en el SNS "sin entrar en el fondo de la cuestión", pues "el debate político se realizará en otros órganos diferentes".

El informe, que remitirán al Ministerio de Justicia, no recibió el apoyo de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias, según el consejero de esta última región, Faustino Blanco. Blanco recordó que estas comunidades ya pidieron la retirada del debate sobre la ley del aborto en el orden del día y añadió que el informe jurídico aprobado se lo facilitaron "cinco minutos antes" de que se tratase en la reunión, ante lo que decidieron no apoyarlo porque, sin estudiarlo, "no se daban las condiciones" para pronunciarse "con rigor".

La ministra destacó que el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada mejora el marco legal que regula la objeción de conciencia de los profesionales y refuerza la información a la paciente.

Mato insistió en que el informe aprobado recoge "simplemente los cambios" que el anteproyecto de ley supone al SNS, por lo que ha concluido que en la reunión se ha constatado que "se cumplen todos los requisitos y que no tiene impacto negativo" en el sistema nacional de salud, y también se resaltó, según Mato, que "se dan mayores garantías jurídicas en cuanto a la objeción de conciencia" de los profesionales. El informe también señala, según Mato, que con el anteproyecto de ley se mejora "todo lo relacionado con la información clínica y de métodos anticonceptivos".

Sobre la objeción de conciencia, la secretaria de Estado de Sanidad, Pilar Farjas, incidió en que este asunto queda regulado de acuerdo a las sentencias existentes en España para los profesionales sanitarios, si bien también "se ha constatado que el texto hace un marco jurídico más seguro para los profesionales, desde el respeto al derecho de objeción de conciencia".

Otro de los asuntos fue el Informe sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud, que revela que entre 2008 y 2012 se produjeron mas de 30.000 agresiones en España, y de ellas el 80 por ciento fueron insultos y vejaciones y una de cada cinco también se produjo agresión física.

También se presentó el proyecto de orden por el que se concreta y actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, en el que se "concretan todos los implantes quirúrgicos" que realizará el sistema y "se eliminan implantes obsoletos e incluyen algunos nuevos".

Por otro lado, se trató la orden de precios de referencia de los medicamentos, que se publicará en las próximas semanas y permitirá entrar en el sistema de precios a 14.500 medicamentos, lo que según Mato "generará un importante ahorro" al SNS y a los ciudadanos.