"Gracias por todo, por haberme dado la confianza", afirmaba ayer orgullosa Ángela Bachiller Guerra tras jurar su cargo como concejala del PP del Ayuntamiento de Valladolid. Bachiller se convierte así en la primera española con síndrome de Down en ocupar un cargo público, hecho que supone un paso importante en la integración y normalización de las personas que sufren esta discapacidad.

"Preparada, educada y discreta". Así definió ayer a su hija Isabel Guerra, madre de la concejala y enfermera de profesión, mostrándose orgullosa de su hija y destacando su "valentía". La fórmula para lograr llegar hasta aquí ha consistido en "mucho amor, mucha disciplina, mucho trabajo y una vida normalizada en todo", señaló.

Ángela Bachiller, de 30 años de edad y auxiliar de administración del Ayuntamiento de Valladolid, fue también la primera persona con síndrome de Down en conseguir un título de Formación Profesional. Ha renunciado a su trabajo para ejercer como concejala, ocupando el puesto dejado por Jesús García Galván, imputado en una causa judicial. El exconcejal dimitió antes de comparecer ante la justicia como imputado en el caso Arroyo, que investiga presuntos delitos urbanísticos.

Según el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien acompañó a la nueva concejala durante su toma de posesión, celebrada ayer, "no ascender al puesto a Bachiller Guerra hubiese sido un fraude electoral", además de recordar que la nueva representante municipal no tendrá responsabilidades de gobierno, pues "solo siete concejales y el alcalde las tienen".

Apoyo a la integración

Asimismo, De la Riva reafirmó su apoyo a la integración de las personas con discapacidad, que ya en la anterior legislatura contó entre sus ediles con el primero en silla de ruedas de España. Por su parte, las asociaciones de síndrome de Down españolas han aplaudido el nombramiento de Bachiller, señalando que supone un avance en la incorporación de personas con discapacidad a la participación social, civil y política.

"Es una noticia muy positiva, y muy buena, porque es un gesto de normalidad que haya una persona con síndrome de Down que se incorpore como representante en una concejalía de un ayuntamiento", señaló Agustín Matía, gerente de Down España, una fundación cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

"Esta situación, que hoy (ayer para el lector) es la excepción y por eso llama la atención, debería ser un hecho cotidiano", manifestaba el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entidad que espera que el caso de Ángela Bachiller sea la "expresión de avanzadilla" de un proceso de acceso de personas con discapacidad de los asuntos públicos.

No obstante, la pregunta que ayer se hacían en algunos medios es: ¿pueden votar todas las personas con discapacidad en España? Matía considera "paradójico" que una mujer con síndrome de Down se convierta en concejala cuando "hay jóvenes de su misma edad y mismas condiciones que no tienen derecho al voto".

Solo un juez

Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional, declaró ayer que "el único que puede privar a un ciudadano del derecho a voto es un juez, por lo que, salvo incapacitación judicial, todos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho de sufragio activo, el derecho a voto".

El derecho de sufragio solo tiene tres excepciones: los condenados por sentencia firme, los ingresados en un hospital psiquiátrico y los declarados incapaces.

Rompiendo barreras en favor de sus capacidades y derechos como ciudadanos

"Deseamos que llegue el día en que casos como este dejen de ser noticia, porque significará entrar en su normalización", admite Delmiro Prieto en nombre de la Federación Galega de Institución para a síndrome de Down (Down Galicia), de la que es presidente. Prieto asegura que hasta el momento no han hecho sino echar los "cimientos" para que casos como el de Ángela Bachiller sean posibles. El siguiente paso en este largo camino, con el que él simboliza los logros de asociaciones como la suya, será hacer comprender "que las personas por el mero hecho de tener una dificultad, sea del tipo que sea, no son sujetos pasivos. Tenemos que saber que son miembros en pleno derecho de la sociedad de la cual todos formamos parte, una sociedad plural y diversa en la que ellos no pueden permanecer al margen". Se trata de comprender esta diversidad social y, más concretamente, la heterogeneidad entre personas con este síndrome que, recalca "no es una enfermedad, sino una alteración genética que produce unas características concretas", y cuyas personalidades son tan dispares como la del resto de los mortales.

Otra de las "grandes batallas" que se les presentan es la de la incapacidad que, en muchos casos, es total e impide a personas tan competentes como Ángela ejercer su derecho al sufragio activo. Desde Down Galicia, señala su presidente, "no somos partidarios de incapacitar a las personas por sistema. Es cierto que hay personas que tienen la incapacidad de votar como medida cautelar, pero nunca debe ser una incapacidad total. Eso significa inhabilitarlos de por vida".