Los químicos, físicos, biólogos y geólogos de Galicia aseguran que el futuro anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno central relega a los profesionales científico-técnicos en profesionales de segunda y urgen idénticas atribuciones en el ejercicio libre de su profesión que médicos, ingenieros y abogados. Asimismo, exigen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de químico, el físico, el biólogo y el geólogo, así como su presencia en grupos de trabajo que, en su día, compilen las reservas de actividades establecidas en las leyes.

"Pedimos el mismo trato para todas las profesiones, que no se nos margine. El borrador de la nueva ley nos deja descolgados; al no considerarnos profesiones de colegiación obligada nos relega a profesionales de segunda categoría", afirma Antonio Macho, decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.

Precisamente la no obligatoriedad de colegiación para el libre desempeño de la profesión es el principal escollo que químicos, físicos, biólogos y geólogos gallegos ven para el futuro de estas profesiones, una medida que Macho advierte de que también supone un perjuicio para la sociedad. "Los colegios profesionales no solo tenemos la obligación de defender la profesión, sino también al ciudadano de la mala praxis", explica. El representante de los químicos gallegos recuerda que en el resto de Europa y en EE UU, para ejercer profesiones que afectan a la seguridad, la salud y el medio ambiente es obligatorio estar asociado y que es la asociación profesional la que habilita o deshabilita. "Nosotros no pedimos tanto, pero tampoco queremos ser carreras de segunda, porque al final la gente estudiará otra cosa que le dé más garantías de futuro", opina.

Añade que mientras se prepara esta ley, que les excluiría también de los peritajes judiciales, en Galicia, Unión profesional, que engloba a los colegios profesionales, está a punto de firmar un convenio con el Tribunal Superior de Xustiza para actuar de mediadores en arbitrajes en los que estén involucrados profesionales colegiados para que no lleguen a los juzgados y aliviar así la carga de trabajo. "No entendemos por qué se nos discrimina cuando además, los colegios no suponen un coste ni para la Administración ni para el ciudadano", insiste.

En similares términos se expresa Mercedes Casal, vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia y hasta febrero su decana, para quien este anteproyecto de Ley "perjudica duramente" a las cuatro profesiones citadas y así se lo hicieron saber sus representantes a senadores y diputados en la reunión que mantuvieron. "Nos deja en una situación de gran indefensión", afirma Casal, que añade que de salir adelante la normativa, estos profesionales no podrán ni presentar ni dirigir proyectos, lo que supone un agravio para el ejercicio libre de su profesión.