Ni asalto ni rodeo al Congreso: escalada. Ocho activistas de la organización ecologista Greenpeace fueron detenidos ayer junto a la sede parlamentaria al protagonizar una protesta contra la Ley de Costas, debatida en esos momentos en el hemiciclo. Tres de los ecologistas lograron acceder al tejado del Congreso.

Según se deduce del relato policial de los hechos, los activistas llegaron a la parte baja de la Carrera de San Jerónimo madrileña, donde se encuentra la sede parlamentaria, en una furgoneta que frenó bruscamente y de la que se bajaron con toda rapidez dejando a bordo al conductor y al copiloto.

Los activistas se dividieron en dos grupos. Uno, formado por tres personas, fue el que logró escalar hasta el tejado, por la fachada trasera, aprovechando los andamios dispuestos en torno al edificio con motivo de obras que se llevan a cabo en él. Uno de estos tres activistas se descolgó incluso, mediante una cuerda, por la fachada principal e intentó desplegar una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa".

El otro grupo intentó la ascensión por la fachada delantera, pero sin éxito, ya que fue rápidamente reducido. La Policía, que ha sido objeto de críticas por no haber podido impedir la llegada de tres de los activistas al tejado, explicó que permitió esa ascensión "para evitar males mayores". Según esta explicación, si los agentes los hubieran perseguido en el momento de la ascensión, tanto ellos como el ecologista habrían corrido un importante riesgo.

Tras ser detenidos, los ocho activistas de Greenpeace fueron conducidos a la Comisaría de Moratalaz acusados de haber cometido un delito contra las altas instituciones del Estado, que puede ser castigado con penas de hasta cinco años de cárcel. Por esta razón, en lugar de ser llevados posteriormente a los juzgados ordinarios, fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez Javier Gómez Bermúdez, de guardia esta semana, comenzó a interrogarlos a las siete y media de la tarde.

"La protesta pacífica es el derecho que nos queda cuando las leyes como la de Costas nos hacen retroceder veinticinco años en la protección ambiental", explicó para justificar la protesta Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. Según los ecologistas, durante todo el proyecto de reforma de la ley, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización.

Greenpeace sostiene que la desprotección de los espacios costeros españoles ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que la organización lleva denunciando desde que la reforma de la ley de Costas dio sus primeros pasos. A su juicio, la reforma pretende favorecer intereses muy concretos cercanos al PP, que Greenpeace ha denunciado por escrito en su informe "Amnistía a la destrucción", lo que les valió la presentación de una demanda por parte de la "número 2" popular, Dolores de Cospedal.