"Es bueno que se regule y que se actualice la actividad pero queremos que el Gobierno nos consulte sobre todo en la cuestión de las profesiones en las que colegiarse es obligatorio para ejercer y en las reservas de actividad para ciertos titulados", comenta José María Arrojo, presidente de la Unión Profesional de Galicia.

Los colegios, según Arrojo, "siempre han sido el intermediario entre las profesiones y la administración". "Mucha gente acude solo por cobertura informativa necesaria, por ejemplo. Un colegio evita falsificaciones de documentos, de titulaciones, las homologaciones, en definitiva, supervisa un buen uso profesional y garantizan la calidad de los oficios", añade Arrojo.

También tiene en cuenta detalles que en la regulación de los setenta no estaban previstos, "como es la llegada de profesionales de otros países". Para Arrojo, sería clave mantener la obligatoriedad también en las administraciones.

"Los borradores del anteproyecto de ley llaman la atención porque están sin articular; me da la sensación de que el Gobierno trata de hacer un sondeo en la opinión pública", expresa Arrojo. Sí es cierto que muchos colegios gallegos, al igual que en el resto del país, tienen divisiones provinciales mientras que otros son únicos para toda Galicia.