La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) exige al Ministerio de Sanidad la retirada del tratamiento contra el virus del papiloma humano del calendario vacunal de las niñas y la creación de un fondo de compensación para las personas que sufren efectos secundarios. Creen que su eficacia no es una garantía suficiente para hacer frente a reacciones adversas, que cifran en hasta 737 "notificaciones médicas" -hasta enero de este año-, según datos proporcionados por el Instituto Español del Medicamento, a través de Farmacovigilancia. Así lo aseguró a FARO la vicepresidenta de la Asociación, Alicia Capilla, que además asegura que una menor gallega ha resultado afectada con una "reacción severa de tipo dermatológico".
Las afectadas presentaron ayer un manifiesto en Madrid que han suscrito diversas asociaciones y entidades profesionales de la salud, además de 32 personalidades del mundo de la medicina y la política. Entre ellas se encuentran el diputado Gaspar Llamazares y el catedrático de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Alicante, Carlos Álvarez-Dardet.
La Consellería de Sanidade en Galicia, que incluye la vacuna en el calendario autónomo para mujeres de 14 años desde 2008, asegura que solo hay constancia de siete reacciones adversas y en todos los casos "son leves", según el subdirector de Epidemioloxía, Xurxo Hervada.
Hasta el momento, según señaló la vicepresidenta de la Asociación ayer en Madrid, hay más de 700 firmas de profesionales sanitarios, afectadas, familiares, asociaciones feministas y todas aquellas personas que han decidido adherirse a este manifiesto, hecho público ayer.
El catedrático Carlos Álvarez-Dardet hizo alusión al caso de una niña asturiana que falleció recientemente en Gijón tras ser vacunada a consecuencia de una crisis severa de asma. Quieren que el Gobierno estipule, asimismo, ayudas de compensación.
En todo el mundo, según sus datos, hay constancia hasta el pasado mes de julio de 26.564 reacciones adversas y 119 muertes tras la vacunación. Según la asociación, es necesaria la retirada de la vacuna por parte de las autoridades sanitarias y políticas, que dice "no están haciendo nada, ni actuando con corrección". Otro motivo que se alega son los "injustificados costes que representa para el Sistema Nacional de Salud, mientras padecemos recortes indiscriminados que amenazan las prestaciones sanitarias y comprometen la equidad". Álvarez-Dardet subrayó que "no hay evidencia científica de que la vacuna prevenga el cáncer de cuello uterino".
