El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, defendió ayer que sería "interesante" disponer de una "base de datos de acceso público de obras sustraídas". Esta funcionaría, señaló, como un buscador. Las diócesis aportarían descripciones de cada obra, de modo que quienes tuvieran conocimiento de piezas sospechosas podrían denunciarlo.

Durante una visita a la Fiscalía de Vigo para una inspección, también recordó al Arzobispado de Santiago que la Fiscalía sigue pendiente de que la Iglesia gallega dé su visto bueno al protocolo "Igrexa Segura", promovido por su departamento, cuyas bases se sentaron hace un año para proteger el patrimonio cultural dispersado por los templos de la comunidad. Para la Fiscalía, recalcó, "lo fundamental a partir del caso" del robo del Códice "es establecer un plan para que esto no vuelva a suceder".

El protocolo incluye diferentes recomendaciones, como un manual de seguridad –que recoge los modus operandi más comunes de los ladrones o cursos de formación de la policía a los responsables de la custodia de los bienes eclesiásticos– y la mejora del inventario del patrimonio para facilitar su localización en caso de robo. "Mientras no exista este inventario, va a ser difícil proteger los bienes culturales", advierte.

No obstante, solo la diócesis de Astorga ha dado su sí a la propuesta. Fuentes eclesiásticas afirman que en Santiago se trabaja en un documento alternativo, pero todavía no se hizo público.

Una afrenta

Por otra parte, el juez José Antonio Vázquez Taín aseguró ayer que "la desaparición del Códice Calixtino fue una afrenta a la historia de Galicia". "Nunca se ha producido un suceso igual", resaltó.

Vázquez Taín –que garantiza que el Códice no sufrió humedad y que estaba "intacto"– admite que aún queda mucho por aclarar. "Estamos intentando comprobarlo todo" porque, explica, Manuel Fernández Castiñeiras "no colabora". Ese "todo" incluye las llaves en su poder. "Estamos comprobando su origen. Si son fetichismo de coleccionista o incluso de su propio trabajo", alega.

Mientras las dudas se aclaran, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se reunió ayer con Alberto Núñez Feijóo, defendió que las penas tipificadas para delitos como el hurto del Códice son adecuadas. "Lo que tenemos que hacer es una consideración de la especial protección que deben tener objetos que, por encima de su valor material, forman parte de nuestro valor cultural", zanjó.