La intención del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón de limitar los supuestos en los que se permite interrumpir el embarazo, en concreto el que hace referencia a la existencia de peligro para la salud psíquica de la mujer, es, para los ginecólogos gallegos "innecesaria", ya que la actual norma no causa alarma social. En el supuesto que se pretende modificar, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo no establecía tiempo máximo para llevar a cabo el aborto, como tampoco lo había en el caso de que hubiera peligro para la vida de la madre.
Los especialistas gallegos entienden que la práctica del aborto no es un problema que preocupe a la sociedad en general y defienden la libertad de la mujer para decidir si lleva a término o no su embarazo. Asimismo, coinciden en afirmar que, con la nueva reforma planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy, se genera una polémica de una cuestión "asentada y aceptada" por la ciudadanía.
"Embarazos no deseados va a haber siempre. Lo que hay que hacer es respetar la libertad de la mujer, a quien nadie debe tutelar, para seguir adelante o no con él y. para eso, está la ley de plazos de hasta doce semanas, que en otros países es de 14. Nadie debe influir ni poner trabas a la libertad para asumir sus responsabilidades", opina José Luis Doval, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU).
El ginecólogo gallego recuerda que cuando se anunció la ley de plazos, que entró en vigor en julio de 2010 y que permite a la mujer abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14, los más críticos alertaron sobre el incremento de abortos que iba a provocar, cosa que no se ha cumplido. Ya entonces, el PP apostó por medidas sociales y económicas para evitar que la mujer decidiera abortar, un aspecto que ahora retoma la reforma anunciada por Ruiz Gallardón. "Los abortos en Galicia se mantienen sin apenas variaciones desde 1997 y siempre nos movemos entre el 5,4 y un 5,60 por mil", explica.
"Hay que crear condiciones sociales y económicas para que las mujeres puedan ser madres y esto haría que un porcentaje, aunque pequeño, no interrumpiría el embarazo. Pero siempre habrá quienes seguirán adelante con el aborto y a estas también hay que facilitarles unas condiciones para que puedan ejercer su derecho a elegir", argumenta Javier Valdés, presidente de la Sociedad Galega de Contracepción. En su opinión, volver a la ley anterior solo perjudica a los médicos y a las usuarias. "Lo que no pueden es hacer recaer de nuevo en los profesionales de la salud la responsabilidad de decidir quién aborta y quién no, y convertir el aborto en un peregrinaje",
La ley de plazos tampoco ha supuesto, al contrario de lo que se había vaticinado, un aumento en el número de abortos de menores sin el consentimiento materno. "No hemos tenido (en el CHOU) ningún caso de una menor que haya acudido sin ir acompañada de alguno de sus padres", asegura Doval. En el área de Vigo, tampoco se ha dado este caso, al menos en la sanidad pública, según Valdés.
El presidente de la Sociedad de Contracepción entiende que en el aborto no hay que buscar culpables, sino apoyar a la mujer en la decisión que adopte. "A la mujer se la informa de las ayudas que tiene por ser madre y ella es quien decide", explica.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2010, el número de abortos entre mujeres de 15 a 44 años en España apenas se incrementaron un 1,3% ese año, que se cerró con 113.031 interrupciones.
De hecho, en el segundo semestre de 2010, periodo en el que ya estaba en vigor la ley de salud sexual y reproductiva, se registraron incluso menos intervenciones que en el primero (unas 4.000 menos). En cuanto a Galicia, se notificaron 3.513 interrupciones. De estas, 486 correspondieron a menores de 18 años, de las cuales, ocho tenían menos de 15 años.
Mujer de unos 32 años, casada y con un hijo
El presidente de la Sociedad Gallega de Contracepción asegura que la principal causa de la interrupción voluntaria del embarazo es la económicoa por lo que augura que la crisis podría hacer que los casos de abortos se incrementaran. "Tener un hijo en España es muy caro. ¿Derecho a la maternidad? Sí, pero primero hay que garantizar el derecho al trabajo de la mujer, una buena educación y una buena alimentación para el hijo", explica Javier Valdés.
Según este especialista, la media de edad de la mujer que acude a la sanidad pública a abortar es de 32 años, tiene estudios bajos-medios, está casada, trabaja y es madre de un hijo. "La mayoría nos dice que estaría encantada de tener otro si pudiese, pero que por razones económicas o laborales no puede", asegura.
Valdés añade que ningún médico especialista aconsejaría abortar a una mujer a no ser que proseguir con el embarazo le supusiese un riesgo para su salud o su vida. "Nosotros no somos jueces de nadie y nuestra obligación es informar para que la mujer tome la decisión que considere mejor. Una de las opciones que le damos en el servicio de planificación familiar es la posibilidad de que lleve a cabo su embarazo y dé el niño en adopción. Ya hay grupos trabajando en esto. Sin embargo, es una salida que excepcionalmente cogen", opina.
Para Valdés, en el caso de que una mujer decida no tener el niño porque considere que no se lo permiten sus circunstancias personales, lo más justo es que no tenga que exponer las razones. "No tiene por qué justificar nada, que es lo que le permite la ley de plazos, una ley que es muy similiar a la que tiene el resto de países de nuestro entorno más cercano. No es nada nuevo", recuerda.
Según Valdés, los casos de aborto disminuyeron ligeramente en el área sanitaria de Vigo en 2011 respecto a 2010, un descenso que atribuye a una disminución de mujeres emigrantes, que representan el 15 por ciento de los casos. "Suelen ser más reacias a usar métodos anticonceptivos y tienen más embarazos no deseados, aunque la crisis hace prever que los casos repunten un poco", insiste.
