La Seguridad Social francesa anunció hoy que presentará una denuncia penal por los implantes mamarios PIP, que las autoridades sanitarias pidieron retirar a las pacientes que se los pusieron por considerar que acarrean riesgos para su salud.

Los responsables de la Seguridad Social gala se consideran perjudicados por unas prótesis cuyas implantaciones subvencionaron en pacientes afectadas de cáncer de seno.

Los implantes PIP, que contienen una silicona industrial y que son susceptibles de romperse, no cumplían las condiciones requeridas por la Seguridad Social, por lo que sus responsables creen que pudo haber un "engaño" por parte de la empresa que los creó.

El ministro francés de Salud, Xavier Bertrand, se mostró hoy partidario de que la sociedad PIP "responda de sus actos", en relación con este caso. "Existe la sospecha de que nos encontramos ante un caso cuyo móvil es el dinero", señaló el ministro en la emisora Europe 1.

Bertrand indicó que PIP, creada en 1991 en la Costa Azul francesa por Jean-Claude Mas, cambió la composición de los implantes mamarios y sustituyó la silicona médica por otra de uso industrial, con el fin de ahorrar costes en su producción e incrementar sus beneficios.

El ministro mostró su deseo de que Mas sea encontrado, al igual que todas las personas que puedan estar relacionadas con el caso.

El fundador de PIP está siendo buscado por Interpol, aunque la organización policial internacional afirmó hoy que la "alerta roja" que emitió contra él no responde a las prótesis mamarias, si no a una denuncia por conducción en estado de embriaguez presuntamente cometido en Costa Rica en junio pasado.

Bertrand recordó que París ha pedido a las 30.000 francesas que se implantaros este tipo de prótesis que se las retiren de forma preventiva y que el Estado se comprometió a pagar la intervención, aunque sólo subvencionará la colocación de nuevos implantes en las pacientes que los llevan por motivos médicos y no aquellas que se los pusieron con fines estéticos.

La Seguridad Social ha calculado que, en el caso de que se retiren a todas las pacientes, el costo para sus cuentas puede rondar los 60 millones de euros.

El ministro recordó que no se ha probado la existencia de un riesgo cancerígeno del producto y que el único problema concierne a su ruptura, derivada del carácter irritante de algunos de los componentes de las prótesis PIP.