Ocurrió en Valencia. Un ciudadano fue al cine y, cuando las luces ya estaban apagadas, se acomodó en su butaca para disfrutar de la película. Con lo que no contaba este hombre es con que el anterior usuario había derramado un refresco sobre el asiento. El resultado fue un pantalón sucio y una factura de 14 euros de la tintorería. La situación se quedaría en un mero contratiempo si no fuera porque el perjudicado recurrió a los tribunales para reclamar esa cantidad al responsable de la sala, que se negaba a abonársela. Y la demanda para recuperar esas dos mil de las antiguas pesetas derivó en la celebración de un juicio verbal en una sala de Primera Instancia que obligó a activar toda la maquinaria judicial y que le costó a la Administración no menos de 1.200 o 1.300 euros. Este caso sobre el que dictó sentencia un tribunal valenciano no es excepcional. En los juzgados gallegos, y en concreto en los de Vigo, se ven a diario pleitos en lo que lo que se dirime contrasta, en opinión de los juristas, con el alto coste de tiempo y dinero que se emplea en ellos. Y es que el afán de arreglarlo todo en una sala de vistas provoca que muchas veces se pleitee hasta el absurdo: en la ciudad olívica se han celebrado juicios porque un vecino denunció a otro por daños en un puñado de pies de verdura, por el hurto de un pastel de 1,15 euros o porque un familiar insultó a otro en un momento puntual de acaloramiento. Son casos reales del ámbito penal, pero la situación también es extrapolable, advierten, a otras jurisdicciones como la Social, la Contencioso-Administrativa o la Civil.
La denominada factura sombra, un documento que se entrega al ciudadano y que detalla el coste real para la Administración de ciertos servicios públicos, está muy implantada por ejemplo para concienciar sobre el gasto sanitario. Los pacientes reciben notas informativas sobre cuánto costó la operación a la que se sometió o la ecografía que le practicaron. "Lo que deberían es hacer eso también en Justicia para que la gente sepa lo que cuesta; hay veces que llegan con denuncias tan absurdas que desde el minuto cero sabes que vas a trabajar para nada; pero aunque veas que es un archivo de libro, hay que recoger textualmente la demanda, incoarla, pasarla al juez, al fiscal...; movemos kilos de papel inútil", denuncia una funcionaria de uno de los ocho juzgados de Instrucción de Vigo.
Pero, ¿cuánto le cuesta a la Justicia un pleito? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está realizando en la actualidad un exhaustivo estudio acerca del gasto económico de los procesos judiciales. A la espera de conocerse los resultados de este informe, en una reunión nacional de jueces decanos celebrada recientemente en Vitoria salió a relucir que el coste medio de un procedimiento de "menor cuantía", como puede ser un juicio verbal civil, un procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo o un juicio de faltas en Instrucción, se sitúa en una media de 1.300 euros. "Es necesario concienciar a los ciudadanos del enorme lastre que significa para el Estado y para la sociedad misma tramitar asuntos de escasa entidad que además privan al juez de un tiempo precioso para otros casos de mayor relevancia", afirman los magistrados en las conclusiones de estas jornadas.
Instrucción
Los juzgados de Instrucción son los más afectados por el empeño de judicializar hasta lo más banal. Algo que ocurre en unas salas con una gran carga de trabajo, de lo que dan fe la friolera de 61.082 asuntos que registraron el pasado año los ocho tribunales de esta especializad de Vigo y las en torno a 5.000 vistas de faltas celebradas. "El problema es real y ocupa un importante espacio de tiempo; en el juzgado dedico dos días a la semana a juicios de faltas y muchos son de una entidad cuestionable", afirma Xermán Varela, juez en Pontevedra y portavoz en Galicia de la asociación Jueces para la Democracia.
Este magistrado, sin embargo, se opone a una de las conclusiones a la que se llegó en la reunión de jueces decanos de Vitoria: la propuesta de "una tasa disuasoria" o "pedagógica" –quedando a salvo el derecho a la asistencia jurídica gratuita– para evitar lo que denominaron "reclamaciones abusivas, reiterativas, innecesarias o banales". "La tasa es una respuesta simple y discriminatoria; efectivamente hay que replantear qué comportamientos merecen una respuesta penal, pero hay otras alternativas como despenalizar ciertas conductas o establecer sistemas de mediación previos a la medida penal", opina tajante este juez de Instrucción pontevedrés.
Los abogados tienen que actuar en muchas ocasiones de filtro para evitar que algo de escasa entidad obligue a poner en marcha la maquinaria judicial. Pero a veces es misión imposible. Por muy altos que sean los honorarios del letrado. En los juicios de faltas, donde están a la orden del día por ejemplo los procesos por insultos, no es necesario llevar abogado. Pero si alguien quiere pagar ese servicio, en Vigo la minuta de los profesionales varía entre los 150 y los 600 euros. ¿Un coste demasiado alto para acusar a alguien de un improperio o defenderse del mismo? "A veces es más el orgullo y la cabezonería del cliente de pelear el caso en los tribunales; no les importa pagar y después recurrir si no les dan la razón", afirma el abogado vigués Tomás Santodomingo. Tan frecuentes son los juicios por insultos e injurias que entre los letrados y los funcionarios se conocen coloquialmente como los "chamoume". "Chamoume estúpido, chamoume hijo de p...", relata con sarcasmo un jurista. La mayoría son temas triviales. "A veces son de vergüenza; te da la sensación de que haces el ridículo en la sala", dice un letrado. No siempre es así, sin embargo. "Es cierto que muchos casos son una tomadura de pelo; pero no te puedes cargar este tipo de juicios o despenalizar sin más la conducta; hay broncas entre personas que si no se canalizan en el juzgado pueden desembocar en algo peor, en algo más grave", sostiene Tomás Santodomingo. De opinión similar es el juez Xermán Varela. "Si alguien te llama imbécil una vez es una cosa; pero si hay una persona que te está injuriando todos los días entonces es un problema que está afectando a tu vida cotidiana", ilustra.
Demandas económicas
Los asuntos considerados de escasa importancia no solo protagonizan las salas penales. En Primera Instancia, donde se dirimen las reclamaciones de carácter civil, se pelea por cantidades "nimias". En un juzgado de Cangas do Morrazo una compañía aseguradora forzó un juicio por un desacuerdo de solo 14 euros en la cuantía que debía pagar por un accidente de circulación que se saldó con daños en vehículos. Un profesional del Derecho también recuerda el caso de un empresario que recurrió a la Justicia para reclamar 3.000 de las antiguas pesetas por unos desperfectos casi imperceptibles que sufrió su turismo de alta gama en un leve siniestro de tráfico. "A veces me pregunto si la reclamación compensa el trabajo que lleva tramitar el asunto y el coste que el proceso va a tener para el Estado; pero también es cierto que para muchos ciudadanos, por escasa que sea la cantidad que pide, es algo importante; es su dinero y tiene todo el derecho del mundo a reclamarlo", afirma un trabajador judicial.
En los juzgados contenciosos o en los de lo Social también hay litigios de esta índole. "Hay trabajadores que llegan a juicio para reclamar un solo día de vacaciones", resume un juez laboral de la ciudad olívica.
