Una juez logró legalizar su situación como prostituta. El caso de Gloria Poyatos Matas, magistrada del Juzgado de lo social de Arrecife, capital de Lanzarote, da para un libro. Tanto es así que lo escribió.
La magistrada demostró, haciéndose pasar por prostituta, que es posible hoy en España darse de alta como autónoma y cotizar a la Seguridad Social ejerciendo supuestamente un oficio que sigue en el limbo administrativo, que no es ilegal pero que en muchos aspectos sí es alegal.
Gloria Poyatos explicó su caso durante un congreso nacional sobre problemática judicial de la prostitución que se celebró en Cartagena.
Su primer movimiento administrativo fue ir a la Delegación de Hacienda para pedir el alta en el Impuesto de Actividades Económicas. "Tuve que decirle dos veces a la funcionaria cuál era mi supuesta profesión porque, al principio, se quedó descolocada. Luego buscó a su superior, quien me dijo en qué casilla del listado de actividades económicas debía inscribirme para darme de alta como trabajadora sexual", explicó la magistrada.
Con el papel de Hacienda en la mano, faltaba un segundo y muy importante requisito: la Seguridad Social. La jueza Poyatos se dirigió a la Tesorería. "Nunca se nos ha planteado nada así", le reconoció el funcionario que le tocó en suerte. El caso se fue, como no podía ser menos, a los despachos de los superiores, que no tuvieron inconveniente en darle de alta. Si Hacienda lo quiere... Profesión: trabajadora del sexo.
La magistrada lo tiene claro: "Lo que hice demuestra que el proceso para legalizar la prostitución existe". Desde la experiencia con la burocracia, esta jurista de 33 años cree que "las prostitutas tienen que declararse autónomas para que el dinero que mueve esta profesión deje de formar parte de la economía sumergida". En resumidas cuentas, que las prostitutas tengan su cobertura sanitaria oficial y que coticen al Fisco por su actividad.
El procedimiento administrativo seguido por Gloria Poyatos fue relativamente sencillo, dos visitas a oficinas, mucha extrañeza entre el personal que la atendió, pero dos papeles conseguidos sin mayores problemas.
Multas en Sevilla
Por ota parte, Sevilla se ha sumado a la lucha contra la prostitución callejera al entrar en vigor una polémica ordenanza municipal que multa a los clientes con cantidades entre 750 y 3.000 euros. La medida se venía realizando a modo preventivo desde finales de agosto, pero ayer era el primer día efectivo para la imposición de sanciones por parte de la Policía Local. Desde entonces se levantó acta a 38 presuntos clientes. Paralelamente, el servicio de Emergencias Sociales del Ayuntamiento se acerca a estas mujeres, sin presencia policial, para ofrecerles e informarles de los recursos sociales.
