El espectáculo etnográfico más antiguo de Galicia, los curros, de tradición milenaria, se encuentran en serio peligro de extinción. Al menos, en el sur de la provincia de Pontevedra. El motivo no es la falta de animales a los que sanear, sino otro bien distinto. La normativa autonómica que obliga a los propietarios a identificar cada equino con microchips ha llevado a la Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba a suspender los cinco curros de su ámbito por su coste económico. Cada dispositivo supone 40 euros, una cantidad "imposible de soportar" para cualquier explotación, recalca el colectivo. La medida de protesta afecta a las primeras rapas del año en Galicia, que se celebran durante los meses de mayo, junio y julio en A Valga, Torroña, Mougás, en Oia; y Morgadáns y San Cibrán, en Gondomar.

La Consellería de Medio Rural ha advertido recientemente a los ganaderos de la obligatoriedad de colocar los microchips a los caballos en los curros de este año. El departamento de la Xunta trata de mantener identificados a los animales para reclamar responsabilidades a los propietarios en caso de accidentes de tráfico o daños en fincas como consecuencia de las frecuentes invasiones de caballos procedentes del monte. Según los datos que maneja el presidente de la Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba, Modesto Domínguez, las fuerzas de seguridad tienen orden de inmovilizar a las "bestas" sin dispositivo electrónico tras la celebración de los próximos curros.

El asociacionismo, la solución

Por ello, los 163 ganaderos que agrupa este colectivo han decidido anular las cinco citas de este año, para evitar sanciones económicas y protestar al mismo tiempo por la "imposición" de la Xunta. Domínguez recuerda que la Serra da Groba alberga unos 1.500 caballos en sus montes y que "todos están debidamente controlados". Los curros no solo sirven para sanear a los animales, sino también para identificarlos con el marcado a fuego. La asociación obliga a sus miembros a disponer de un seguro de responsabilidad civil que responda por los desperfectos que puedan causar sus animales y, en caso de que aparezca alguno sin marca, la propia entidad se hace cargo a través de otra póliza colectiva.

Esta fórmula ha funcionado en los incidentes registrados en las proximidades de A Groba. Y Modesto Domínguez insiste en que puede extenderse a otros lugares de Galicia donde se producen daños. "Que obliguen a los ganaderos a asociarse y a tener sus reses en regla", insiste. Lo que no resulta viable, recalca el presidente de los ganaderos de A Groba, es la obligatoriedad de "afrontar 40 euros por animal, cuando se vende cada uno a 50 euros y cuando ya afrontamos gastos como los seguros o el mantenimiento de los animales".

El motivo fundamental que mueve a estos ganaderos a mantener los caballos en el monte es la "tradición ancestral". "Nuestra actividad no es lucrativa. Gracias a nuestro trabajo desinteresado se conserva la raza del caballo gallego, cuya pureza y valiosa carga genética es unánimemente reconocida", recuerda Domínguez.

Además, la ganadería extensiva en el monte contribuye a su cuidado, puesto que los animales "limpian la maleza y evitan incendios", "además de que aportan un valor añadido, así como un interés turístico incuestionable y una riqueza biológica y ecológica a nuestra tierra", recalca.

Los ganaderos no comprenden por qué se ha exonerado de los microchips a las razas ovinas, bovinas y caprinas y exigen que las identificaciones sean gratuitas en cualquier caso. Y para lograrlo, preparan protestas en los actos electorales del PP y una marcha caballar próxima a la Delegación de la Xunta en Vigo.

Por otro lado, anuncian que denunciarán a la Xunta ante los organismos competentes de la UE por entender que "aplica de forma incorrecta la normativa comunitaria".