Más de uno se podrá sonrojar, pero, en ocasiones, la realidad del ser humano es difícil de comprender. La buena voluntad expresada por los titulares de las administraciones estatales en los momentos más duros de la tragedia del río Órbigo se diluyó a medida que avanzaba el tiempo y los ecos del accidente aparecían más lejanos. Tras la gestión de las tareas de rescate y acomodo de los familiares y equipos de salvamento, el Gobierno Civil de Zamora fue acumulando facturas que superaban los dos millones de pesetas, cantidad difícilmente asumible en aquella época por las instituciones locales. El gobernador civil José Ramón Ónega, que relevó en el cargo a Joaquín Argote Alarcón, llevó a cabo un enconado esfuerzo para recabar la ayuda necesaria que sufragara los pagos que se adeudaban a los proveedores.

En vista de que el abono de las deudas quedaba en el aire, del Gobierno Civil salieron una decena de cartas con destino a Madrid para dar respuesta a la situación. Sin embargo, las respuestas de los titulares de los distintos departamentos estatales fueron dejando la respuesta en agua de borrajas. Términos de solidaridad acompañaban, una tras otra, evasivas y excusas para asumir los gastos. Solicitudes y negativas figuran hoy en el Archivo Histórico Provincial, legado de los documentos que el Gobierno Civil conservó de la gestión de aquella crisis.

En el caso del Hospital Comarcal de Benavente, los responsables comunicaron que la atención a los diez niños supervivientes y a los familiares generó unos gastos que rozaban el medio millón de pesetas. La mayor parte, casi 300.000 pesetas, se destinaron a alimentación y el resto, a medicamentos, ropa y calzado y conferencias telefónicas. Invitado a colaborar, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social respondió a Ónega que «dado que el Hospital Comarcal de Benavente pertenece al AISNA –Organismo Autónomo del Ministerio–, no parece procedente el reembolso de gastos por parte del Departamento». El Ministerio pasaba la patata caliente al citado órgano y de las 422.000 pesetas solicitadas, apenas se hacía cargo de 45.000, "correspondiente a la adquisición de ropa y calzado para los supervivientes".

La respuesta de Sanidad se puede calificar de «generosa» si se tiene en cuenta la emitida por Turismo, a quien también recurrió Zamora. "Ya puedes suponer nuestra buena disposición ante el tema que planteas, pero, lamentándolo mucho, tengo que comunicarte que no existe capítulo presupuestario dentro de la Secretaría de Estado de Turismo que permita englobar la cantidad solicitada", firmaba el secretario Ignacio Aguirre.

La ayuda no llegaba y cuando lo hacía, estaba a expensas de farragosos trámites. El Ministerio de Educación y Ciencia advertía que "ya no disponemos de fondos en el único crédito que podría servir para abonar esos gastos", aunque se comprometía a responder a a la solicitud de ayuda a la espera de que "la Intervención de la Administración del Estado no ponga obstáculos a la transferencia ni al expediente de autorización del gasto".

No quedan ahí las cosas. Un año después de la tragedia –10 de abril de 1979–, el diario "Ya" reflejaba que había "un millón y medio de pesetas que nadie quería pagar". Las facturas obraban en poder del presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio vigués Vista Alegre. Los cargos no se referían ya a los gastos ocasionados por el siniestro, sino a la colocación de un crucero en la plaza de Santa Cristina de la Polvorosa y a la estancia en un hotel de Vigo de las autoridades del pueblo zamorano para acudir al funeral, que tuvo lugar en el estadio de Balaidos. Pese al compromiso inicial de colaboración, nadie volvió a querer saber del asunto.