Dos denuncias que hunden sus raíces en dos hospitales de Vigo: el antiguo Almirante Vierna –actual hospital Xeral– entre los años 1966 y 1969 y otro caso del hospital Cruz Roja, fechado en 1978; a los que se suman otra del hospital provincial de Pontevedra, se integran en la denuncia colectiva que registró ayer en Madrid la Asociación nacional de afectados por adopciones irregulares (Anadir), según confirmó el letrado de la asociación.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido tiene desde ayer 261 denuncias sobre la mesa por el robo de bebés en toda España, cometidos durante el franquismo –desde 1950– y hasta los años noventa. El presidente de la Asociación (y uno de los afectados), Antonio Barroso, aseguró que al menos "de memoria" seis casos corresponden a Galicia, aunque las supuestas adopciones irregulares de bebés tuvieron aquí una incidencia menor que en otras comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid.

Uno de los afectados en Galicia que reclama conocer los datos de sus padres biológicos es un hombre de 32 años, José Eduardo Castro, cuya ficha de nacimiento indica que vino al mundo en el hospital de Cruz Roja en Vigo, en 1978. Ayer aseguró a FARO: "Mis madre llegó a confesarme que me habían comprado y solo en el lugar donde vivo en Ordes, conozco dos casos más. Cada vez que venía la monja [indica por una religiosa amiga de la familia], mi padre entregaba un sobre, en el que calculo que habría entre cinco y diez mil pesetas". "Lalo", como le conocen sus allegados, siguió atento ayer la presentación de la denuncia desde su casa en Ordes y luego visitó Vigo para la entrevista. Todas sus pruebas documentales, que recopila desde hace más de un año, fueron aportadas para la denuncia de Anadir.

Entre 200.000 y 300.000 historias reales podrían seguir este guión. Según el abogado que ha registrado la demanda, Enrique Vila, ese es el cómputo de adultos españoles que han descubierto que su vida es una mentira o madres que podrían vivir bajo la sombra de que se han apropiado de su hijo. "Necesitamos que se abra una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías", Pedimos que el Fiscal General del Estado investigue o derive cada caso a las fiscalías territoriales. Que se determine si hubo delito y se envíe a los jueces". Con esta consigna 261 personas se han sumado a la demanda en busca de respuestas y capitaneados por el abogado Enrique Vila. "Nuestro objetivo es que el Fiscal General del Estado investigue, o bien que derive cada caso a las fiscalías territoriales. Pedimos que se abra una investigación penal que determine si hubo delito. Y si fue así, que se envíe a los jueces. Después, la labor biólogica de buscar a los familiares es ya un trabajo personal", explica Vila. De hecho, ya hay precedentes. Se están estudiando casos en Cádiz, Algeciras, Málaga y Huelva.

Unos doscientos afectados acompañaron a Fiscalía a la comitiva portando pancartas con lemas como "Si dudas de tu identidad, únete a nosotros, nos podemos ayudar".

Junto al escrito en el que demandan la actuación del fiscal, la asociación ha entregado partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos, los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón de Madrid y asegura que presenció la venta de o enterradores que narran las irregularidades denunciadas. El presidente de Anadir, Antonio Barroso, ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con una entidad privada para que puedan registrar su ADN los afectados que lo deseen "por un precio económico.

"Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de las misma ciudad donde se compraban", ha indicado el letrado.

Entre otros delitos, Vila considera que se podrían haber cometido suposición de parto y tráfico de niños, falsedad en documento público, coacciones y engaño a las madres biológicas.