El Constitucional rechaza la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley del Aborto

EFE - MADRID El Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según informó el alto tribunal, la petición del PP de ordenar la suspensión de la aplicación de la ley hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad ha sido rechazada en un auto, aunque la decisión del TC cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados.
Los cuatro magistrados son el progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.
La decisión del Constitucional se produce después de que admitiera a trámite el pasado 30 de junio los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por el Gobierno de Navarra contra la nueva regulación del aborto, que entró en vigor el pasado 5 de julio.
Ese mismo día también acordó dar un plazo de tres días al Congreso, Senado y al Gobierno para que alegaran acerca de la suspensión cautelar de la norma planteada por el PP en su recurso de inconstitucionalidad.
Así, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicitó al Constitucional que rechazara la petición del PP porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.
El Judicial exige aplicación
Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió de que esta ley debe cumplirse en todas las comunidades autónomas ya que ha sido aprobada por el Parlamento, que es el organismo que representa la "soberanía popular".
Bravo indicó, en declaraciones a los periodistas antes de impartir una conferencia en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense, que una vez que una ley es aprobada y entra en vigor tiene que ser aplicada y que "a partir de ahí poco más se puede añadir".
Asimismo, señaló que, en su opinión, las instituciones y los responsables políticos deberían ser "congruentes" y actuar en consecuencia conforme al mandato de la Constitución.
Estas declaraciones se producen después de que Navarra y Murcia anunciaran su "rebelión" contra la nueva Ley del Aborto, mientras que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP expresaron sus reticencias.