Asociaciones de padres, patronales, representantes del profesorado e Iglesia están sumidas en un debate ante la proposición de ley aprobada en el Congreso por la que se insta al Gobierno a que cumpla la Jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y se retiren los crucifijos de los centros escolares.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, recalcó que la democracia funciona “con la libertad y no con la imposición”. Al mismo tiempo, subrayó que confía en que esta decisión “se quede a nivel de comisión” y no se lleve a efecto, puesto que “se les priva a las familias y a los niños españoles en las escuelas del Estado el poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y de la fe que ha configurado su historia personal, la historia de sus familias, la historia de su pueblo”. Rouco apuntó que el crucifijo “no es un signo sólo religioso; es un signo un humanismo que ha hecho transpirar al mundo entero con valores como el perdón o la misericordia”.
Por su parte, el recién nombrado arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se convirtió ayer en el más contundente crítico de la decisión parlamentaria al culpar al Ejecutivo de estar detrás del asunto como maniobra de distracción y de urdir “una estrategia para desmontar la historia de nuestro pueblo”. Tras recordar que en España “el crucifijo no es un intruso y no es algo que esté al margen de la cultura, las convicciones y las creencias de la inmensa mayoría de los españoles”, el arzobispo, en una entrevista a la Cope, cargó contra el Ejecutivo: “no es la primera vez que se pretende por parte del Gobierno actual, ir barriendo la presencia del mundo religioso y del mundo católico y cristiano en particular”.
La opinión de los centros
Como “totalmente inoportuna” calificó ayer la medida el secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel Castro. Señaló que, actualmente, la presencia de símbolos no supone un problema en la educación en los alumnos. Consideró que el texto aprobado es “una nueva muestra de intolerancia” y denunció que se trata de una norma “legalmente inviable”, ya que “no puede extenderse a los centros confesionales”.
Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) solicitaron respeto para la exhibición de símbolos religiosos en los centros estatales. De lo contrario, aseguraron, “se estaría actuando contra el carácter propio de los mismos. Igualmente, indicaron que iniciativas como ésta parecen “maniobras de distracción” para desviar el interés público de “cuestiones tan importantes como el fracaso escolar”.
También Luis Carbonel, presidente de la Confederación Española de Padres Católicos, denunció que esta iniciativa se asienta sobre “una verdad a medias”, debido a que la sentencia del tribunal europeo ha sido recurrida. Explicó que la propuesta supone un “ataque frontal” a los derechos y libertades de los padres ante la “imposición de esta ideología laicista del Gobierno”.
En términos similares se expresó la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Mercedes Coloma. Lamentó que no se haya “dado voz” al colectivo de padres para expresar su opinión.
Discrepancias políticas
En el plano más político, los contendientes afilan espadas. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que se va a “valorar la sentencia” para ver “qué grado de exigencia tiene para los Estados miembros”, pero puntualizó que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que existe “una diferencia clara” entre los centros que cuentan con un ideario y los que no lo tienen. Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, entiende la proposición como una petición para agilizar la Ley de Libertad Religiosa. En el PSOE hay división de opiniones. El diputado socialista Álvaro Cuesta manifestó que la iniciativa sólo se refiere a los centros de titularidad pública: “si el centro pertenece a una confesión religiosa tiene todo el derecho a transmitir la simbología de esa confesión”. El ex vicepresidente Alfonso Guerra saca la lectura contraria: la retirada debe afectar a todos.
El PP insistió en que la proposición no de ley es “radical y desafortunada”, y la secretaria general, Dolores de Cospedal, se preguntó con ironía si el siguiente paso del PSOE “será prohibir los belenes y las cabalgatas de los Reyes Magos”. Por su parte el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, lamentó que el “no” a los crucifijos sea “el primer paso y la antesala” de otras decisiones.
