España colaborará con Bruselas para acelerar la concesión de las ayudas al cine

EFE - BRUSELAS España colaborará con la Comisión Europea (CE) para que las ayudas previstas dentro de la Ley del Cine reciban el visto bueno lo antes posible, e incluso cambiará "algunos detalles" del esquema si Bruselas lo requiere, anunció ayer la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde.
La ministra mostró su disposición a hacer "todo lo necesario" para que el proceso comunitario de revisión del esquema español "no se demore mucho" y poder así poner en marcha las ayudas destinadas al sector del cine.
De haber sido aprobado por la vía urgente –tal y como solicitó España–, la convocatoria de ayudas para 2010 se habría convocado antes de final de año, pero la Comisión decidió el pasado lunes tomarse más tiempo para estudiarlo en profundidad, tras recibir una carta enviada de la plataforma "Cineastas contra la Orden".
En la misiva, este colectivo alegaba supuestas contradicciones entre la Ley del Cine y la Orden ministerial que regula la distribución de ayudas contempladas dentro de dicha norma, así como su incompatibilidad con la legislación europea.
La Orden entró en vigor tras su publicación en el BOE del pasado 24 de octubre, aunque pendiente de que Bruselas diera luz verde a su aplicación.
"Cineastas contra la Orden" asegura que el nuevo reparto de ayudas favorece a las grandes producciones, en detrimento de las de menor talla.
Bruselas reenvió esta carta a las autoridades españolas junto con un cuestionario en el que solicita información en detalle sobre la orden ministerial.
El Ministerio deberá ahora enviar su respuesta a Bruselas, un paso que se dará en un plazo aproximado de una "semana", una vez se cumplan los trámites necesarios, según precisó González-Sinde tras intervenir en el Consejo de ministros de Cultura de la UE celebrado en Bruselas.
Se trata de un trámite rutinario, según recalcaron tanto el Ejecutivo comunitario como el Ministerio de Cultura, que no supone el "bloqueo" de las ayudas sino la ralentización del habitual análisis acerca de su cumplimiento de la normativa europea. "No hay ninguna presunción de que el esquema propuesto sea incompatible", dijo la ministra citando textualmente la misiva que había recibido del Ejecutivo comunitario.