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OTR/PRESS - MADRID El Episcopado español considera “injusta y discriminatoria” la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que afirma que la presencia del crucifijo en un colegio público atenta contra la libertad religiosa. Así lo ha asegurado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino. “El crucifijo es un símbolo de respeto a la dignidad de la persona desde su nacimiento hasta su muerte natural”, ha asegurado. Por otro lado, Martínez Camino ha calificado de “situación lamentable” la cifra de abortos en España.
El prelado, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación del mensaje de la CEE con motivo del 50 aniversario de Manos Unidas, ha afirmado que el fallo del tribunal es “lamentable y poco constructivo para el futuro de Europa”. Según ha dicho, es “triste” que se quiera recluir la religión al ámbito privado. Sobre la posible repercusión de la sentencia de Estrasburgo en España, ha pedido que genere una reflexión positiva, y ha recordado que la cruz es “un símbolo de libertad”.
“Los logros de una cultura”
“Donde no hay crucifijo no hay distinción entre la Iglesia y el Estado. Si desaparece, perderemos los logros de la cultura europea: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, ha explicado. Martínez Camino ha constatado que si se retiran se generará un vacío, y se ha preguntado sobre quien lo llenará. En su opinión, “el ser humano no puede existir sin símbolos”. “Es iluso pensar que en el ámbito público no puedan existir símbolos”, ha añadido, y ha pedido no caer en “soluciones peligrosas, sectarias” y que denotan “una concepción poco desarrollada de la sociedad”.
En el caso del Obispado de Tui-Vigo, el responsable del área de Enseñanza Religiosa Escolar, José Rodríguez Ubeira, evitó pronunciarse al respecto hasta tener en mano el texto de la sentencia. No obstante, indicó que no le constaba que hubiera problema alguno en los centros de la zona.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en la resolución judicial que la presencia de los crucifijos en las aulas de centros escolares no religiosos suponía “una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” así como una violación de “la libertad de religión de los alumnos”.
De esta manera, dio la razón a Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto donde estudiaban sus hijos que suprimiera los crucifijos del aula. Con la resolución de Estrasburgo, ahora el Gobierno italiano deberá pagar a Lautsi una indemnización de 5.000 euros por daños morales sufridos.
Por otra parte, Martínez Camino se ha referido a los datos de abortos en 2008 publicados por el Ministerio de Sanidad y ha afirmado que “nadie puede alegrase con esas cifras”, que ha calificado de “situación lamentable”.
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