Los grupos parlamentarios del PSOE, CiU, PNV, ERC-IU-ICV rechazaron ayer tomar en consideración la proposición de ley del PP para que los profesores sean considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. El único partido que apoyó la iniciativa de los populares fue UPyD.

El defensor de la propuesta, el diputado Juan Antonio Gómez Trinidad, calificó la medida de "un clamor social y una demanda social y laboral" de los maestros, quienes con frecuencia sufren insultos y agresiones de los alumnos y los padres. Durante su intervención, Gómez Trinidad defendió que los profesores se ganen la autoridad en clase, pero recalcó que deben contar con instrumentos legales que les respalden en el ejercicio de sus funciones ante casos de violencia.

El PP admitió que su iniciativa "no resuelve todos los problemas de la educación", pero considera que ayuda a garantizar el derecho de 650.000 profesores a dar clases con normalidad y el derecho de 11 millones de alumnos a aprender, que en muchas ocasiones "ven interrumpido su aprendizaje por la falta de autoridad y de buena educación en las aulas". "Pretendiendo huir del autoritarismo hemos acabado en un permisivismo en el que todo vale", agregó.

Por el contrario, la portavoz del PSOE, Cándida Martínez, se preguntó si esta iniciativa no pretendía precisamente dificultar el pacto de Estado por la Educación. Para el PSOE, igual que para CiU, el tema de la autoridad del profesor debe ser debatido en el marco del pacto del Estado, por lo que "no tiene sentido hacer modificaciones parciales de la LOE". Según Martínez, es una medida "reduccionista" que sólo enfoca el problema desde la perspectiva penal, al tiempo que recordó que la Fiscalía General del Estado envió en diciembre de 2008 una circular a todas las fiscalías de España para que consideraran a los profesores autoridad pública.

Desde las filas de CiU, Mercè Pigem afirmó que su grupo comparte con el PP "la necesidad del reconocimiento a la autoridad al profesor ante al deterioro del clima en las aulas", pero cree que esta medida legal no va a resolver todas las ramificaciones del problema, aparte de ser competencia de las comunidades. El PNV, por su parte, solicitó reflexionar, "pero no hacer una reforma puntual", y recalcó que se deben dotar de más recursos a los centros para poder resolver las situaciones conflictivas que se produzcan. Por su parte, el BNG rechazó la iniciativa porque los populares sólo la presentan "para enfrentarse al Gobierno".

Críticas de los profesores

Sindicatos y asociaciones de profesores lamentaron el rechazo del Congreso porque consideran que "se pierde una importante oportunidad de acabar con las agresiones e insultos de los que son víctimas los profesionales de la enseñanza".

Para la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, esta medida resulta "imprescindible" aunque debía extenderse "a toda España y a todos los profesores". "No es justo que se centre sólo en la autoridad de los profesionales de los centros publicos por el simple hecho de que sean funcionarios", criticó.

Así, aseguró que si se hubiese aprobado la propuesta, podría convertirse en "uno de los puntos de apoyo fundamentales para la mejora definitiva de las condiciones laborales de los educadores". "La política ensombrece todos los acuerdos de reforma educativa", censuró.