Los directores de instituto reclaman a la Xunta el rango de autoridad pública

ÁGATHA DE SANTOS - VIGO El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de elaborar una ley que otorgue rango de autoridad pública a los profesores divide a docentes y padres de alumnos. Mientras que los primeros aseguran que se trata de una medida "necesaria" que vienen reclamando desde hace años ante el Ministerio de Educación, los segundos la tachan de "exagerada".
José Ángel Suárez, presidente de la Asociación de Directivos de Instituto de Galicia (ADIGGA), anunció ayer que este colectivo va a solicitar ante la Xunta, entre este mes y el próximo, una normativa que les otorgue este rango, al entender que serviría para restaurar la autoridad ante alumnos y padres que ha perdido el profesorado.
"Hace dos o tres años solicitamos al Ministerio de Educación, junto con la Federación de Asociaciones de Directivos de Instituto, una ley que reforzara la figura del docente. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ante la Consellería de Educación", explicó el representante de los directores gallegos de instituto, que califica de "muy acertada" la iniciativa propuesta por la presidenta madrileña, y que, por otra parte, ya han adoptado otras comunidades, como Valencia y Cataluña.
"Nos parece un paso importante porque una agresión a un docente en un centro educativo pasa sin pena ni gloria. Entendemos que si se endurecen las consecuencias de estos actos, se evitará que sucedan", argumenta.
Para los representantes de padres de alumnos, sin embargo, esta reivindicación resulta "exagerada", al entender que los centros educativos ya disponen de herramientas suficientes para garantizar el respeto en las aulas y la autoridad del profesorado. "Los padres debemos de apoyar a los profesores, pero el rango de autoridad pública me parece demasiado porque los centros ya tienen un reglamento interno que han de hacer cumplir y luego está el consejo escolar, que puede aprobar normas y dictar correctivos para la resolución de conflictos", explica Virgilio Gantes, presidente de la Confederación de APA de Galicia (CONFAPA).
En lo que sí coinciden padres y docentes es en atribuir los conflictos de convivencia que se generan dentro de las aulas y el fracaso escolar a la educación y la disciplina que recibe el menor en el ámbito familiar.
"Sólo hay que entender qué pasa en casa para comprender el comportamiento de un chaval en clase", asegura Gantes, que aboga por dotar a los centros de profesionales como los educadores sociales para atender este tipo de conductas.
En similares términos se expresa Eliseo Martínez, director del Instituto República Oriental de Uruguay de Vigo, que afirma que los chicos "ya vienen sin autoridad de casa", aunque no cree que el rango de autoridad pública pueda cambiar esta realidad. "Queda muy bien socialmente pero no sé cómo se puede aplicar en clase", afirma.
Por su parte, José Antonio Moar, profesor del Liceo La Paz de A Coruña y vicepresidente de la Federación Autonómica de Centros de Enseñanza de CECE-Galicia, reconoce que el profesor ha perdido autoridad frente a alumnos y padres, por lo aplaude cualquier medida encaminada a restaurarla. Moar también defiende la figura del educador social en los centros y el trabajo conjunto entre escuela y servicios sociales.