La Xunta apoya la propuesta del Gobierno para reforzar la autoridad del profesor

EFE - LONDRES La Consellería de Educación valora la iniciativa de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que anunció ayer una ley para otorgar a los profesores rango de autoridad pública. Sin embargo, el departamento que dirige Jesús Vázquez coincide con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y propone que esta cuestión sea debatida dentro del pacto social y político por la educación en el conjunto del Estado.
El Gobierno gallego destaca que la autoridad de los docentes debe entenderse en un marco más amplio en que el se logre revalorizar la figura del profesor en la sociedad. La Consellería aboga por dar mayor prestigio al docente y destaca que para ello será necesario un amplio debate con los sindicatos. En todo caso considera que lo más aconsejable sería adoptar medidas generales pactadas para todas la comunidades.
La comunidad educativa y los políticos se han mostrado divididos ante la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de la ley de autoridad del profesor, que según explicó Aguirre será presentada próximamente en el Parlamento autonómico y supone además una subida de sueldo para jefes de estudios y secretarios, como compensación por ser los responsables del mantenimiento del orden.
Según Aguirre son los profesores los que reclaman desde hace tiempo "apoyo" y que se "refuerce su autoridad", demanda que la Comunidad de Madrid se propone atender con la ley de autoridad del profesor, en la que las faltas contra ellos tendrán una "consideración más grave" que en la actualidad. Aguirre pretende también que las "familias se impliquen más en el cumplimiento de las normas" establecidas en el Decreto de Convivencia de 2007, entre ellas la prohibición del uso del teléfono móvil en las clases. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respaldado esa propuesta y recordó que su partido presentó en julio una iniciativa parlamentaria para modificar la ley de educación, de forma que se puedan tipificar penalmente las agresiones que sufran los profesores. Con ello, la Fiscalía podría perseguir de oficio los delitos cometidos contra los maestros y profesores, que, además, tendrían garantizado el derecho de presunción de veracidad.