Las jerarquías católica, anglicana y judía se unen contra la ley de la eutanasia

EFE - LONDRES Los líderes de las iglesias anglicana y católica y del judaísmo del Reino Unido han sumado fuerzas para intentar parar una enmienda que equivaldría, en su opinión, a legalizar la eutanasia.
El arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, el primado católico de Inglaterra y Gales, Vincent Nichols, y el rabino jefe, Jonathan Sacks, han pedido a los lores que rechacen un proyecto de ley que permitiría a las familias británicas acompañar a Suiza a morir a sus seres queridos sin temor a ser perseguidos por la ley.
En una carta conjunta enviada al diario "The Daily Telegraph", los tres líderes religiosos afirman que tal reforma legal "supondría un grave riesgo para las personas vulnerables, especialmente los enfermos preocupados de representar una carga para sus familiares".
Es la primera vez desde su llegada al arzobispado de Westminster, el mes pasado, que Vincent Nichols hace causa común en público con los máximos jerarcas del anglicanismo y el judaísmo británico para intervenir en una materia legislativa.
La propuesta de no perseguir judicialmente a los familiares que acompañen a morir al extranjero a un enfermo terminal británico la hizo lord Falconer, ex máximo responsable de los tribunales del Reino Unido, en una enmienda presentada en la Cámara de los Lores.
En su carta, los dos arzobispos y el rabino jefe acusan a los legisladores británicos de tratar de legalizar la eutanasia "por la puerta trasera".
"No creemos que haya que buscar un cambio legal tan fundamental mediante una simple enmienda a una ley ya de por sí compleja", escriben los tres religiosos.
Penas de cárcel
En Gran Bretaña, el hecho de ayudar a un suicidio conlleva teóricamente una pena de cárcel de hasta catorce años, pese a lo cual ninguna de las personas que han acompañado a morir a la polémica clínica Dignitas, de Zúrich, a algún pariente o amigo ha sido procesada.
Se cree que al menos 115 enfermos han recurrido a los servicios de Dignitas, y quienes se oponen a la actual legislación argumentan que obliga a los enfermos terminales a viajar a Suiza antes de lo que sería necesario desde un punto de vista médico, para no tener que depender de la ayuda ajena.