El Congreso acelera la nueva Ley del Aborto mientras la Xunta opta por ayudar a las madres

P.P./AGENCIAS - SANTIAGO/MADRID Mientras el Congreso de los Diputados daba ayer un nuevo impulso a la reforma de la Ley del Aborto, en la Xunta se anuncian políticas que van en la dirección contraria. La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, se ha propuesto reducir la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo apelando a "la sexualidad responsable" de los jóvenes. Y si la prevención no funciona el Gobierno gallego se compromete a prestar apoyo a las futuras madres.
Para el PSOE, sin embargo, las mujeres "deben poder decidir sobre su maternidad" y con este argumento respaldaron ayer la reforma de la Ley del Aborto, que intentó frenar la Unión del Pueblo Navarro en el Congreso mediante una moción. Los navarros reclamaban que se pospusiese la tramitación de esta norma hasta que se produjera "un mayor consenso social, político y parlamentario".
Sin embargo, esta moción fue rechazada con los votos en contra de PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV, Nafarroa Bai y dos diputados de CiU –183 frente a 160 votos a favor–. "Es una maniobra para entorpecer el proyecto de ley, pero les va a salir mal", advirtió la socialista Carmen Montón.
El intento por frenar la reforma legal no prosperó a pesar de que UPN contó con el apoyo ocho de los diez diputados de CiU, uno de Coalición Canaria y también del PP. Aunque dentro de los populares hubo una diputada, Celia Villalobos, que no siguió la consigna marcada por su grupo de votar a favor de la iniciativa y optó por abstenerse, al igual que lo hizo Rosa Díez, de UPyD.
Villalobos se justificó explicando que estaba convencida de que el todo el grupo popular iba a abstenerse. En todo caso, aclaró que su postura "no fue un error". Esta diputada no es la primera vez que rompe la disciplina de voto, ya que también se desmarcó del PP en el debate de la ley que permitía los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Durante el debate de ayer en el Congreso sobre la Ley del Aborto, los populares presentaron una enmienda al texto de UPN, que no fue incluida en la votación, en la que se demandaba un plan con las comunidades autónomas para ofrecer mejor información a las mujeres sobre las posibilidades que tienen al quedarse embarazadas.
En esa línea trabajará la Xunta. En el Parlamento gallego la conselleira de Sanidade dejó claro que el camino para reducir los abortos es la "prevención". Para ello realizará campañas, especialmente dirigidas a los adolescentes, para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Y en los casos en los que las jóvenes se queden embarazadas, Pilar Farjas abogó por fomentar "actitudes positivas de cara a la maternidad" prestando apoyo a las futuras madres.
El objetivo es "reducir la tasa de abortos voluntarios", finalidad que no se conseguirá, según el PP, con la reforma legal que impulsa el Gobierno de Zapatero. "Tendrá efectos indeseados porque no habrá menos interrupciones del embarazo, sino muchas más. No podemos permitirnos que 112.000 mujeres aborten cada año", se quejó ayer en el Congreso la diputada popular Sandra Moneo. En su opinión la nueva ley "ha provocado ya una profunda fractura social".
Los socialistas, sin embargo, replicaron que esta reforma, que permite a cualquier mujer abortar antes de las 14 semanas de gestación, ha sido "una de las más pactadas y dialogadas". "El PP y UPN no pueden otorgarse en exclusividad la defensa de la vida", denuncia.

Una polémica norma que deja abortar a niñas de 16 años sin permiso
El anteproyecto que reforma la ley del aborto y que pone fin a una legislación que llevaba un cuarto de siglo vigente, ha suscitado polémica sobre todo por uno de sus puntos: reconocer que las menores de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin la autorización de sus padres.
Los plazos son otra de las novedades y de ahí viene el nombre de la ley. Hasta ahora estaba permitido el aborto en tres supuestos: peligro para la madre, violación o anomalías del feto. Con la nueva norma, la legalidad marcará los tiempos. Hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá abortar libremente siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas que se le ofrecen si sigue con el embarazo. Siempre, si se decide abortar, la mujer deberá ser informada por escrito de las ventajas de seguir adelante con su embarazo.
Se amplía el margen a 22 semanas si está en riesgo la vida o salud de la embarazada o el feto sufriera anomalías. En ambos supuestos, se deberá aportar un dictamen emitido por dos especialistas distintos a los que practican la intervención.
El Gobierno pretende asimismo garantizar que la intervención sea una prestación pública y gratuita, lo que implicará que las comunidades cuenten con hospitales que practiquen la operación o, si no, con clínicas concertadas a las que derivar a las pacientes.