despenalización de la homosexualidad

El Gobierno italiano apoya al Vaticano en su posición sobre los homosexuales

03.12.2008 | 19:20

El Gobierno italiano ha apoyado hoy al Vaticano al decir que "no puede haber penas ni cárceles para los homosexuales, pero sería un gran error hacer una regla internacional de legitimidad de las relaciones familiares entre ellos".

Con estas palabras el ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, respondía a los periodistas que le inquirieron sobre la renuncia del Vaticano a firmar la propuesta que va a presentar la Unión Europea (UE), a instancias de Francia, ante la ONU para despenalizar la homosexualidad en el mundo.

"Creo -matizó- que las palabras del Vaticano deben ser bien leídas: Cuando usted dice no a la resolución, no dice no a la tortura y la violencia contra los homosexuales".

Para Frattini, la condena de la violencia contra los homosexuales "es un principio fundamental de la comunidad internacional al que, ciertamente, el Vaticano no se opone".

En cuanto al reconocimiento de las familias homosexuales, continuó, "incluso en Europa es materia fuera de la legislación europea" y "cada estado tiene su propia jurisdicción".

Por ello, dijo el titular de Exteriores "es una materia de la que no podemos pensar que se convierta en una norma de las Naciones Unidas".

También el ministro y con motivo del "Día de los Discapacitados" habló del aborto.

"No puede existir una legislación internacional de la interrupción del embarazo porque esta un cuestión que debe ser regulada a nivel nacional", dijo en respuesta a la controversia derivada de la "no" del Vaticano a firmar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, porque en su texto incluye "inaceptables referencias a la salud reproductiva".

La Convención fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por consenso de los 192 países de la ONU en una sesión celebrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Santa Sede ha argumentado en los últimos días su negativa a la firma de la Convención por la falta de referencias claras en el texto a la prohibición del aborto.

El Gobierno italiano "piensa que el tema de la discapacidad debe de ser afrontado como un derecho fundamental, lo que significa que los discapacitados deben ser ayudados e integrados en la sociedad".

"Sería un error por consiguiente -continuó- tratar de distorsionar este principio y legitimar internacionalmente la interrupción del embarazo, porque esta materia es competencia de las leyes nacionales".

"Italia tiene su ley nacional -concluye- pero hay otros países europeos como Malta e Islandia que, por ejemplo, prohíben el aborto".

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