prostitución

Especialistas en lo penal apelan a que se castigue sólo los casos de prostitución forzada

Desconfían de las medidas que castigan a los clientes "porque sería mucha la gente a la que habría que castigar"

20.11.2008 | 11:34

La postura adoptada por Suecia en 1999 de castigar al cliente de la prostitución ha puesto desde entonces esa posibilidad en el debate del resto de países europeos, aunque por el momento haya sido el nórdico el único que se ha decantado por inclinar la balanza penal hacia quien compra los servicios.

En España, la nueva reforma del Código Penal apunta que las penas por abusos sexuales serán mayores cuando exista transacción económica, al considerarse que existe un delito de prostitución.

Así lo expuso el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, Miguel Díaz y García Conlledo, durante las jornadas sobre prostitución y repercusiones sociales celebradas esta semana en A Coruña.

Díaz y García puso sobre la mesa las posibilidades que ofrece el Código Penal español para castigar al cliente, aunque no como lo hace el país sueco donde la postura abolicionista ha llevado a iniciar una cruzada en contra de los hombres que pagan a cambio de relaciones sexuales, sean cuales sean las condiciones, señaló.

Por eso, este catedrático se muestra contrario a esta posición, ya que "no se debe castigar al cliente de la prostitución no forzada, aunque sí al de la forzada, pues el hecho de que pague no lo exime de un hecho ilícito".

"Lo que ocurre es que probablemente tampoco en esto haya mucho voluntad de llevarlo a cabo porque sería mucha la gente a la que habría que castigar", asegura, a lo que se añade un problema de forma, la dificultad de obtener pruebas admitidas en el procedimiento probatorio.

El código establece la necesidad de probar que el cliente era conocedor del sometimiento al que estaba sujeto la prostituta y que no ejercía esa actividad libremente y esto, aclara, "es muy complicado de demostrar porque son muy raras las ocasiones en las que ella lo dice".

Distinto es, argumenta, el caso en el que el cliente es cómplice o autor de agresiones, ahí "hablamos de delito de agresión física y o sexual", dependiendo del tipo de violencia ejercida, indica, pero incluso aquí existen nuevos obstáculos, ya que "no es fácil saber si fue violada o si estaba obligada".

Actualmente, el mayor problema en un país en el que el 95% de las prostitutas son extranjeras, según datos de las Fuerzas de Seguridad, lo constituye "la prevalencia del delito por tráfico, que viola las leyes de extranjería, sobre el de trata, que significa introducir a una persona a la fuerza y con violencia", explica la investigadora de la universidad salmantina Agustina Iglesias.

De ahí la razón de la escasez de las denuncias, indica, porque acudir a la policía significa, en la mayor parte de los casos, obtener a cambio una orden de expulsión.

Además, esta protección de fronteras, unida a la globalización, ha provocado importantes contradicciones, explica esta especialista en movimientos migratorios, como lo que ocurre en la actualidad con rumanas y búlgaras, "que son dos tercios de las víctimas de trata, pero no traficadas", subraya. Desde su entrada en la Unión Europea pueden cruzar las fronteras al estar en el espacio Shenguen, sin embargo son "un cebo perfecto para las mafias que se aprovechan de esta posibilidad que hace que estén menos vigiladas", explica. Esta consecuencia "perversa" de la globalización, al no afectar a sus fronteras, importa menos a las autoridades, asegura Iglesias.

Pero esto no ocurre siempre, dice, por eso defiende al igual que Miguel Díaz que no toda la prostitución está controlada por redes, sino que "hay mujeres que lo hacen libremente y para ellas es necesaria una protección que evite estén sin derechos", apunta.

"Mientras no seamos capaces de hacer esa diferenciación de base no podremos abordar este tema como corresponde", concluye.

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