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Las drogas mantienen a casi dos mil españoles presos en el extranjero

12.11.2008 | 13:09

De clase media-baja, con problemas de drogadicción y detenidos por "camellos" en un país donde se habla diferente. Éste es el perfil medio de los 1.906 españoles encarcelados en el extranjero, el 78 por ciento de ellos por causas relacionadas con la droga.

Así lo subraya la coordinadora del programa de Presos en el Exterior de la Fundación Ramón Rubial, Eva Soriano, cuyo discurso enlaza con la advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web: los problemas "prácticos y emotivos" de una situación de detención o de prisión en un país extranjero "pueden ser enormes".

Marruecos, con 220 presos españoles, y Francia, con 211 -muchos de ellos por causas relacionadas con ETA-, encabezan la lista de países donde transcurre lo que Soriano llama "la pesadilla de los detenidos y sus familiares", que se repite en lugares como Perú, Portugal o Brasil, con 163, 131 y 123 encarcelados, respectivamente.

Y es que a las condiciones de las cárceles, deplorables en muchos países, o a las posibles deficiencias en los servicios telefónicos y postales, hay que sumar "una cultura y unos modos de vida distintos y, en la mayoría de los casos, un idioma diferente", como previene Exteriores.

Soriano destaca el caso de algunos jóvenes que chocan de frente con la soberanía de otro país cuando en viajes de ocio "cometen la típica tontería de llevar pequeñas cantidades de hachís para su consumo", así como el de aquellos que acceden a ejercer de "camellos" en un viaje de fin de semana.

"Éstos no tienen problemas económicos ni familiares, pero la tentación de conseguir dinero rápido y en grandes cantidades les supera, aunque es el perfil menos frecuente", afirma Soriano, que destaca la estafa y el robo como los otros delitos más habituales.

Aunque sólo el 15 por ciento de estos presos son mujeres, la dificultad que supone que "algunas de ellas sean madres de familia" también es mencionada por Soriano, que destaca la labor de los Consulados como "punto de enlace" entre los detenidos, sus familiares y las autoridades españolas.

Y es que, una vez notificado el arresto, el personal consular visita al preso con el fin de "prevenir actos indeseables" y de "demostrar a las autoridades locales que se encuentra respaldado", explica el subdirector general de protección de los españoles en el extranjero, Javier Herrera.

El Consulado también facilita a los detenidos la ayuda económica -de hasta 120 euros- con la que el Estado español trata de mejorar la dieta alimenticia y las condiciones higiénicas y sanitarias de los presos, subraya Herrera, que reconoce que "en algunas cárceles prácticamente hay que pagar por su propia seguridad".

El Convenio de Estrasburgo de 1983 sobre el Traslado de personas condenadas -firmado por 63 países, entre ellos España- supone para muchos de estos presos una esperanza de aliviar su aislamiento, pues reconoce que "los extranjeros privados de su libertad (...) tengan la posibilidad de cumplir condena en su medio social de origen".

A este convenio, así como a los acuerdos bilaterales firmados por España -los últimos, este mismo año, con Yemen y Filipinas-, también podrían acogerse buena parte de los 12.389 ciudadanos extranjeros que se encuentran cumpliendo condena en España, muchos de ellos marroquíes (3.368) y colombianos (1.208).

No obstante, la necesidad de que se haya dictado una sentencia firme y de que tanto el ciudadano detenido como los dos países muestren voluntad expresa para el traslado hace que el proceso sea lento.

"Por ello, cuando se puede hacer efectivo el traslado, muchos españoles prefieren quedarse allí a acabar de cumplir lo que les queda de condena", dice Soriano, que recalca también su interés por "volver limpios" y, en algunos casos, "evitar que sus familias sepan por qué están en ese país".

Herrera subraya que "en España, según qué delitos, no se les aplican las reducciones de pena a las que sí pueden acogerse en la mayor parte de los países", por lo que "pueden acabar cumpliendo una pena más larga si vuelven".

Colaborar con letrados locales para asesorar a los presos sobre la conveniencia o no de solicitar su traslado es uno de los retos planteados el pasado octubre por el Consejo General de la Abogacía, cuyo presidente, Carlos Canicer, calificó de "tarea inacabada" el asesoramiento legal de los presos españoles en el extranjero.

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