Un total de 78.594 maltratadores fueron condenados durante los primeros tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2005, según los datos facilitados ayer por la nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán. En este sentido, defendió la eficacia de la ley y señaló que no se puede valorar por el número de mujeres asesinadas por sus parejas, porque recordó que "siete de cada 10 de las mujeres muertas no habían denunciado".

En el documento también se destaca que las denuncias han aumentado considerablemente, sobre todo en lo que se refiere a las víctimas inmigrantes, aunque matizó que aún un 10% de las víctimas que acude a los juzgados, retira la demanda y se niega a continuar con el proceso. En lo que va de año, se han registrado 71.022 denuncias por malos tratos.

En concreto durante estos tres últimos años los juzgados especialistas en violencia sobre la mujer dictaron 59.376 sentencias penales, el 79% de las cuales resultaron condenatorias frente a 24.267 absoluciones. Estos juzgados específicos han ingresado más de 480.000 procedimientos penales, incluyendo abreviados, diligencias previas o urgentes, sumarios y juicios de faltas desde el año 2005. "Esto viene a decir que ha existido una actividad recogida de pruebas de cargo muy importante que se ha puesto sobre la mesa de los tribunales", señaló al respecto Montalbán, para quien la "dedicación y la especialización en estos delitos da más eficacia a la respuesta judicial".

Del mismo modo, en los juzgados de lo penal se dictaron 55.446 sentencias sobre violencia machista desde el 1 de enero de 2006, con un 56,23%de condenas, mientras que en las audiencias provinciales, donde se juzgan los delitos más graves, el porcentaje de condenas fue del 85,03 por ciento sobre un total de 581 resoluciones, según se desprende del informe.

De las 197.315 denuncias registradas desde enero de 2007, cuando comenzaron a contabilizarse, hasta enero el segundo trimestre de 2008, algo más del 10% se paralizaron porque la víctima renunció a seguir adelante con el proceso. "Las denuncias cada vez van a más, de forma destacada entre los inmigrantes. Lamentablemente, siete de cada diez mujeres asesinadas por violencia machista no habían denunciado", añadió.

Respecto a las órdenes de protección, los juzgados de violencia sobre la mujer han recibido en estos tres años un total de 112.081 solicitudes, de las que se adoptaron el 7%, el mismo porcentaje que en los juzgados de instrucción, donde se incoaron 21.885 peticiones, lo que para la responsable del Observatorio "revela una respuesta adecuada del sistema judicial". En este sentido, destacó que la respuesta a las órdenes de protección se está dando "en el plazo de 72 horas que indica la ley, de manera generalizada" en la administración judicial e incidió en que "ha mejorado" la coordinación entre ésta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a las víctimas, el informe señala un incremento paulatino en el porcentaje de extranjeras tanto entre las mujeres asesinadas como entre las denunciantes. Así, el número de inmigrantes solicitantes de órdenes de protección se incrementó un 6% entre el tercer trimestre de 2005 y el segundo de 2008, la misma oscilación porcentual que se registró entre los imputados no españoles.

Para el Observatorio, el balance de estos tres años de la Ley Integral contra la Violencia de Género es, en general, "positivo", aunque insiste en la necesidad de "reforzar mecanismos de protección y hacer que se cumplan las órdenes de alejamiento" y en la urgencia de actuar con carácter preventivo cuando se trata de mujeres inmigrantes. También señaló la necesidad de crear nuevos juzgados específicos de violencia sobre la mujer o convertir en exclusivos algunos de los juzgados para que abarquen más de un partido judicial, ya que algunos "tienen dificultades para dar una adecuada respuesta por sobrecarga de trabajo".