La Audiencia Provincial juzgará en noviembre al médico Ramón Cacabelos, al tránsfuga José Luis Santamaría y a la farmacéutica Isabel María Martín Ossorio por un presunto delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial. La Fiscalía y el Servicio Galego de Saúde los acusan de haber urdido una trama para conseguir fármacos a cargo de la sanidad pública que después eran vendidos a los clientes de la clínica Euroespes, que dirige el especialista en neurología Ramón Cacabelos. Para Santamaría, el Ministerio público reclama una pena de seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación, y tres para cada uno de los otros dos imputados en la causa.

Sostiene la Fiscalía que entre abril y diciembre del año 1998, los procesados se pusieron de acuerdo para lograr beneficios ilícitos a costa de la Sanidad pública y que para ello se valieron de los puestos que ocupaban. Santamaría era médico de la Seguridad Social en el centro de Atención Primaria de Sada, puesto que continúa ocupando en la actualidad. Cacabelos era director general de la clínica privada Euroespes, situada en Bergondo -en la página web del centro aparece ahora como presidente- y Martín Ossorio era titular de la farmacia ubicada en la plaza de España de Sada. La boticaria también fue responsable del botiquín de Euroespes y en la actualidad regenta otra farmacia en Madrid.

Siete casos

La Fiscalía da cuenta en el escrito de acusación de hasta siete casos de pacientes a los que Santamaría nunca llegó a examinar y a quienes recetó infinidad de fármacos que acabaron en la clínica privada de Cacabelos. Sostiene el representante del Ministerio público que el médico, que fue edil con Abel López Soto y con Ramón Rodríguez Ares, recetó a la misma paciente 64 especialidades farmacéuticas diferentes en dos meses. De la farmacia de la procesada salieron a nombre de esta mujer 3.500 comprimidos y 169 viales, algunos de los cuales estaban incluso contraindicados para la enfermedad de la paciente. Los casos que relata la Fiscalía son muy similares. Presuntamente, el médico del centro de salud de Sada recetaba decenas de fármacos diferentes a personas que no eran pacientes suyos, ni siquiera como desplazados, y a los que, según el representante del Ministerio público, nunca llegó a examinar en su consulta.

El fiscal acusa a Santamaría de haber entregado estas recetas oficiales -lo que desconocían los titulares de las cartillas- a la farmacéutica, que supuestamente entregaba los fármacos a empleados de la clínica Euroespes, que después cobraban el importe de las pastillas a los enfermos. Así los imputados se quedaban con la cantidad que le entregaba el Sergas a la boticaria al ser expedidas las especialidades farmacéuticas con recetas oficiales.

En cuanto a Ramón Cacabelos, el fiscal lo acusa de haberles pedido a varios de sus pacientes la cartilla de la Seguridad Social y la tarjeta sanitaria y de habérselas entregado junto con recetas privadas a la farmacéutica, quien le suministraba la medicación solicitada. Después le pedía a Santamaría que le prescribiese los mismos fármacos en documentos oficiales del Sergas. Según el Ministerio público, el médico validó 10.567 recetas sin ver a los pacientes a cuyo nombre fueron expedidas, que no tenían conocimiento de cómo se utilizaba su cartilla de la Seguridad Social, para quienes se recetaba una cantidad "notablemente superior a la dosis que necesitaban". Esto se hizo en días consecutivos durante varios meses. La acusación sostiene que Santamaría se limitó a poner su firma y estampar el cuño en las recetas, que le llegaban ya rellenadas. Los medicamentos que prescribió eran para patologías muy diversas y en una dosis muy superior a la tolerada por cada paciente.