Efe / Elche / Málaga
La madre de una alumna de un colegio público de Elche ha sido condenada a 20 meses de cárcel por agredir a dos profesoras, a las que tendrá que indemnizar con cerca de 7.000 euros.
Según la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Elche, Rosa P.F., de 38 años, se dirigió el 27 de octubre de 2006 al colegio Casablanca con la intención de ver a la profesora de su hija, Margarita B.C., debido a que, según su otro hijo, ésta había agredido a su hija pequeña.
A su llegada al centro, la docente Ana Carolina G.M., le explicó que no podía pasar a la clase y la condenada reaccionó "pellizcándole el cuello y con una bofetada", lo que le produjo una contusión facial izquierda y cervicalgia durante 54 días y la secuela de un síndrome postraumático.
Posteriormente, irrumpió en la clase de Margarita B.C. y le golpeó y ocasionó policontusiones, crisis de ansiedad y descompensación del problema tiroideo, de las que tardó en curarse 36 días, aunque le queda como secuela un síndrome de estrés postraumático.
El juez ha impuesto un año y un mes de prisión por delito de atentado contra funcionario público, así como otros siete meses por las lesiones, aunque no llegará a ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales.
Por otro lado, el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga ha impuesto la primera condena de cárcel a un padre por insultar y agredir a un profesor de un colegio de Mijas. Los hechos ocurrieron el 16 de junio del año pasado, en la celebración de fin de curso, cuando el acusado se dirigió a un profesor y, tras insultarle, le cogió por la cintura y le zarandeó. Además de la pena de cárcel, se ha impuesto el pago de 1.200 euros por falta y una indemnización de 120 euros. "Esta agresión, aunque sea leve, denota una actitud de rebeldía clara y patente", se expone en los fundamentos de derecho de la resolución.
La defensa del procesado quiso deslindar el suceso del ámbito académico y centrarlo en un problema personal. Pero el juez consideró que la agresión delante de los alumnos y sus familias "quiebra la seguridad y garantía del ejercicio de su función pública".
