El Real Decreto que el Gobierno está preparando para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar podría entrar en vigor antes de que finalice el año, una norma que será retroactiva y que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se estudió este Real Decreto, que afecta a varios ministerios -Sanidad, Justicia e Igualdad.
"Nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo" aseguró de la Vega, quien señaló que "hay cosas que en la realidad no están funcionando bien", y precisó además que no se tiene que añadir "escarnio público" a una mujer que, de por sí, ya afronta con sufrimiento una decisión "complicada, dolorosa y difícil".
Por su parte, Aído, quien se reunirá con el sector de las clínicas en dos semanas para debatir sobre esta norma, actualmente en fase de proyecto, explicó que el decreto obligará a todos los centros que ofrezcan esta prestación, tanto públicos como privados, a separar el historial clínico de los datos personales de la mujer que decide interrumpir su gestación, y que serán confidenciales mediante un código secreto.
De esta forma, según continuó explicando, en el historial clínico de la paciente no figurará su nombre, ni ningún dato que pueda identificarla, sólo este código que le será entregado a la mujer al inicio de la prestación, y que podrá ser solicitado también por todas aquellas mujeres que interrumpieran el embarazo antes de la entrada en vigor de esta norma.
La ministra de Igualdad señaló la urgencia e importancia de esta norma para evitar situaciones como las que se han "vivido en algunas ocasiones", en las que se ha puesto de manifiesto la vulneración de derechos a la intimidad de las pacientes.
Homologar servicios
Por otro lado, la norma persigue asegurar criterios comunes de calidad en la prestación de este servicio en todas las clínicas que realizan abortos, entre los que figuran pruebas como las analíticas y ecografías antes y después de la intervención. De la Vega explicó que con esta norma se pretende que se garantice que el derecho a la intimidad de las mujeres "sea universal", se cumpla "del mismo modo en todos los territorios" y se asegure además "la equidad y la calidad" del acceso de las mujeres a esta prestación.
La vicepresidenta fue preguntada también sobre la ley del aborto y su posible modificación, y sobre ello dijo que el Gobierno "está abierto" a modificaciones y que se evaluará cómo está funcionando, y si se está "garantizando o vulnerando" la confidencialidad de los datos de las mujeres, y si la prestación se hace "con calidad y equidad" en todo el territorio.
Esta posible modificación, según de la Vega, debería recoger las mejores experiencias del entorno europeo en el ámbito de las leyes de plazos, a fin de ofrecer "más garantías, más seguridad a las mujeres y a los profesionales de la Sanidad".
