Una inmobiliaria catalana del distrito de Nou Barris ofrecía a sus clientes pisos de protección oficial que ya habían sido adjudicados, y pedía a los compradores estafados entre 15.000 y 30.000 euros de entrada. El fraude fue destapado por los Mossos d'Esquadra con un importe incautado de más 600.000 euros, que habían sido obtenidos por la venta de numerosos pisos de protección oficial que ya habían sido vendidos.

Esta agencia inmobiliaria catalana, ubicada en el distrito de Nou Barris, que ofrecía la venta de pisos de protección oficial que habían sido promovidos por instituciones públicas, ya adjudicados y que no eran de su propiedad. La agencia exigía entre 15.000 y 30.000 euros de entrada a los supuestos compradores, con lo que la empresa logró recaudar más de 600.000 euros.

Los dos administradores de la empresa eran José G.F. de 64 años de edad, que tenía antecedentes por estafas y delitos contra el patrimonio, y María D.P., una rumana de 38 años. Ambos residían en Barcelona, donde fueron detenidos.

En la misma ciudad era donde se ofrecían los pisos a los compradores. Los inmuebles pertenecían a promociones del Patronato Municipal de la Vivienda en el número 104 de la avenida República Argentina y en el 99 de la avenida Vallcarca; en el 31 de la calle Deià, en Porta, construidos por el Instituto Municipal de Urbanismo, y en la Via Favència 298-312, en el Verdun, construidos por el Institut Català del Sòl. Las tres instituciones se presentarán como parte afectada en el proceso judicial.

Anunciados en el periódico

La inmobiliaria publicitaba los pisos a través de las empresas Bella Direct S.L. y Wilson Bay, que ponían anuncios en los periódicos ofreciendo pisos de protección oficial a precios muy bajos y sin concurso público. En el texto se aseguraba que era una "oferta única" de pisos de 70 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño, cocina, comedor y una plaza de aparcamiento por 155.000 euros.

Los interesados contactaban con la empresa inmobiliaria por teléfono y a continuación se reunían con los administradores en la sede de la empresa. En la primera reunión, los detenidos explicaban a los interesados que los pisos valían muy poco porque pertenecían a promociones de viviendas de protección oficial destinadas a compradores que no tenían que participar en concurso público para adquirirlos. Unicamente debían entregar una entrada de entre 15.000 y 30.000 euros y otros pagos hasta la entrega del inmueble.

Los Mossos d'Esquadra recibieron 32 denuncias, pero no descartan que puedan ser más, puesto que muchos de los que han sido engañados todavía no lo saben. La Policía tampoco descarta que se produzcan más detenciones.