La Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aprobó hoy, por unanimidad, una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán por la que insta al Gobierno a que apruebe un plan, antes de finalizar 2008, y de acuerdo con las comunidades autónomas, para la sustitución progresiva y definitiva, en el plazo de tres años, de las bombillas de filamento incandescente por las de bajo consumo.
El texto, que incorpora una enmienda del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular, pide al Ejecutivo que, este proyecto de sustitución de bombillas se realice estableciendo medidas de carácter social para uso doméstico, y que tenga como destinatarios a las familias con menos recursos económicos.
Asimismo, reclama que este plan tenga en cuenta todos los ámbitos de actuación posibles, tanto en el residencial como en edificios públicos, en el sector industrial y en el empresarial, tal y como establece la Estrategia Española de Cambio Climático y energía limpia, horizonte 2007-2012-2020, aprobado en el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2007, según una propuesta del Consejo Nacional del Clima.
El diputado del Grupo Parlamentario Catalán, Pere Macias, que defendió la iniciativa, explicó que para aplicar correctamente esta medida sería necesaria la sustitución de "350 millones de bombillas", y que con ello, "se ahorrarían hasta seis millones y medio de toneladas de CO2, hasta un tres por ciento del consumo eléctrico en tres años".
Por su parte, el diputado del PP, Angel Pintado apuntó que para poder desarrollar este plan, sería necesaria la revisión del precio de la bombilla de bajo consumo, "que cuesta en torno a 10 euros".
Por otro lado, el parlamentario socialista, Juan Callejón, comentó que a través de esta iniciativa España "conseguiría un desarrollo sostenible y paliaría los efectos del cambio climático", e indicó que, a pesar de que las lámparas de bajo consumo son más caras, "el ciudadano lo recuperaría un año después en su factura con este ahorro".
Plantación de 45 millones de árboles
También, la Comisión aprobó otra iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista por la que pide al Gobierno la plantación en España de cuarenta y cinco millones de árboles de especies autóctonas, lo que había sido una promesa electoral del Gobierno.
El texto, que incorpora una enmienda del Grupo parlamentario Catalán, pide al Gobierno que los árboles se planten preferentemente en bienes patrimoniales y en dominios públicos gestionados por las diferentes administraciones públicas, de forma coordinada con las comunidades autónomas.
Asimismo, rechaza una enmienda del Grupo parlamentario 'Popular' en la que solicita al Gobierno sustituir su propuesta de plantar 45 millones de árboles, por su compromiso electoral para las pasadas elecciones generales, plantar quinientos millones de árboles en los próximos cuatro años.
La diputada del Partido Socialista que defendió la propuesta, María Soraya Rodríguez Ramos, afirmó que "nadie puede dudar que la actividad forestal es un eje vital para combatir el cambio climático", e indicó que esta proposición no de Ley "ha sido claramente estudiada tanto en su presupuesto como en la disposición del espacio para la plantación de los árboles".
Mientras, el diputado 'popular', Carlos Floriano indicó que España "se aleja del Protocolo de Kyoto", y que hay que ser "más ambicioso" y plantar "hasta quinientos millones de árboles", tal y como su propuesta electoral citaba. "Los datos de las emisiones de CO2 de España y los del paro, que fueron a peor, se publicaron después de las elecciones, por lo que la inversión de 750 millones de euros fomentaría la creación de 7.750 empleos", concluyó.
