Inmigración

Médicos del mundo se opone a normativa para la repatriación de inmigrantes

16.06.2008 | 19:22

La ONG Médicos del Mundo ha pedido al Parlamento Europeo que rechace el proyecto de normativa que pretende armonizar los criterios de retención y expulsión de inmigrantes ilegales, al considerar que tal como está planteada vulnera los derechos fundamentales.

Según un comunicado de Médicos del Mundo difundido en Bruselas, el texto, que se debatirá el miércoles en una sesión plenaria del Parlamento Europeo, "supone un grave retroceso en la construcción de una Europa tolerante (...) y vulnera los principales instrumentos internacionales de derechos humanos".

Entre otras mejoras, han pedido que la legislación comunitaria incluya la no repatriación por motivos humanitarios de personas con enfermedades que no puedan ser tratadas en el país de origen.

Asimismo, han denunciado la "alarmante desprotección" de los menores de edad en la directiva, que permite su reclusión junto a mayores de edad y el internamiento en centros penitenciarios cuando se encuentren colapsados los centros de internamiento de extranjeros.

Las quejas de la organización figuran en una carta dirigida al PE que insta a que se tenga en cuenta el estado de salud de los inmigrantes enfermos y les conceda un permiso de residencia que les permita la estancia y el acceso a una atención sanitaria adecuada.

La ONG precisa que, aunque no cuestiona el derecho de los países a controlar su inmigración y regular las entrada de personas extranjeras, existe "el deber y la responsabilidad de denunciar los atentados contra los derechos fundamentales de la población inmigrante y de informar y sensibilizar a la sociedad".

Como mejoras del texto, Médicos del Mundo pide que incluya la obligación de proporcionar a los inmigrantes asistencia psicosocial, sanitaria y legal e información veraz y transparente en todo el proceso de repatriación, desde la aprehensión hasta el retorno.

Además, exige que la normativa excluya el internamiento de menores de edad junto a personas adultas, salvo que sean sus familiares y las sanciones desproporcionadas que atenten contra la libertad de movimiento y residencia como respuesta a una falta administrativa.

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