accesibilidad

Sólo el 2% de los estudiantes españoles que tienen alguna discapacidad accede a la Universidad

28.04.2008 | 18:04

Sólo el 2 por ciento de los estudiantes españoles que tienen alguna discapacidad accede a la universidad y el 40 por ciento de los que realizan estos estudios superiores los desarrollan a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) debido al bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas, según se desprende del estudio presentado hoy por su autora, Leonor Lidón Heras, 'Derechos Humanos y Discapacidad en España.

Informe de situación', durante una jornada con el mismo nombre.

En cuanto a los centros educativos ordinarios de enseñanza obligatoria, el informe concluye como principales problemas en esta etapa la falta de formación de profesionales que atiendan a los alumnos con necesidades educativas especiales, el limitado número de centros educativos accesibles así como el escaso apoyo psicológico y social que reciben los padres de hijos con discapacidad. El porcentaje de alumnos con necesidades varía de 2,47 en Primaria a 1,91 en Secundaria Obligatoria y un 0,10 en Bachiller.

Por otro lado, también señala que los alumnos de centros educativos especiales en situación de plurideficientes gravemente afectados "no cuentan con soluciones realistas y prácticas para la transición a la vida adulta".

Una vez terminados los estudios, la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5 por ciento frente al 62,4 por ciento de las personas sin discapacidad, siendo las mujeres las más perjudicadas. En este sentido, el 80 por ciento de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley aprobada desde 1982 por la que estas entidades deben reservar un 2 por ciento de la plantilla para personas con discapacidad.

Con referencia al sistema sanitario, el estudio muestra las fuertes críticas de las que ha sido objeto la rehabilitación, ya que está orientada exclusivamente a "pacientes con déficit funcional recuperable", por lo que prácticamente existe una ausencia de tratamientos de dolencias discapacitantes y de patología o enfermedades con efectos crónicos.

En otro sentido, resaltó la importancia de que los pacientes discapacitados participen, en la medida de sus posibilidades, de manera activa en la toma de decisiones durante el proceso sanitario, a pesar de que el consentimiento esté otorgado por sus representantes.

SERVICIOS PÚBLICOS

En relación con la vivienda y la accesibilidad, Lirón criticó que a las personas discapacitadas se les "permite" ejecutar obras para posibilitar la accesibilidad no sólo en sus viviendas, sino también en los edificios, pero éstas "deben correr en muchas ocasiones a cargo de los afectados". En cuanto al segundo aspecto, apuntó que el cien por cien de los edificios públicos analizados para el estudio incumplen alguno de los criterios de accesibilidad y ninguno de los transportes públicos cumplen los requisitos mínimos, fallos que atribuyó a la falta de control de la Administración Pública.

Además, el estudio analiza las barreras que las personas con discapacidad encuentran en la participación civil tanto de forma directa por cuestiones arquitectónicas como de manera indirecta. Señaló también las dificultades que encuentran en otros ámbitos como por ejemplo en el momento de adoptar o en relación con los medios de comunicación, ya que no se han desarrollado todos los mecanismos de accesibilidad para que la totalidad de los discapacitados puedan acceder a ella.



Desde el punto de vista terminológico, Lidón señaló que se ha producido un "cambio fundamental", ya que se actualmente se denomina la discapacidad no desde el punto de vista médico, sino desde una perspectiva social, por lo que centra la importancia en la integración. De este modo, según la experta, se ha evolucionado de nominar la discapcidad "como una negación de la capacidad" a considerarla "una circunstancia".

A pesar de este avance, destacó que estos 3,5 millones de discapacitados residentes en España, que suponen un 9 por ciento de la población, todavía son descritos con expresiones discriminatorias como "incapacidad o invalidez". Además, apuntó que a pesar de que se les denomina "personas con discapacidad", necesitan un "certificado de minusvalía". En este sentido, afirmó que cuando las personas con discapacidad "normalizan las barreras, aceptan la discriminación".

En el ámbito legislativo, destacó la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), de 2003, por ser la primera que en tratar de forma global la prevención de la discriminación. A pesar de este gran avance, el estudio critica el escaso desarrollo legislativo de la misma, así como su referencia Estatal, cuando la accesibilidad es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, apunta que debería haberse incluido el régimen de infracciones y sanciones, en vez de posponerlo a un futuro desarrollo normativo así como la protección en contra de la discriminación basada en la discapacidad.

EL DEFENSOR DEL MENOR, GARANTE DE DERECHOS

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, señaló que la Constitución Española, especialmente a través del artículo 49, no sólo supone un elemento de "discriminación positiva" para las personas con discapacidad, sino que además "pretende colmar una laguna de siglos" equiparando de este modo a toda la sociedad.

En este sentido, calificó el Defensor del Menor como "uno de los mecanismos para garantizar la aplicación de los derechos y las libertades de las administraciones publicas y de sus efectos en la vida de los ciudadanos". Así, apuntó que esta labor se ha visto reflejada en el desarrollo de investigaciones de las quejas ciudadanas y de estudios monográficos y especializados como la 'Situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España' o la 'Atención asistencial a personas con discapacidad' que culminan en una serie de recomendaciones a las administraciones competentes.

La realizadora del estudio anunció el desarrollo durante la próxima semana de la 'Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad' en la que se establecerán instrumentos para garantizar la efectividad de los derechos de los discapacitados, por lo que, según Lidón, "supondrá un impulso definitivo".

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