Anorexia

Webs pro-ana y pro-mía, ¿en el banquillo?

27.04.2008 | 10:46

"La carrera ha empezado hoy. Ponte tu meta y muérete de hambre si quieres adelgazar. Toma sólo caldos, yogur...". Publicar mensajes como éste en Internet será delito en Francia. En España se han cerrado unas 500 webs en los últimos tres años, pero hay muchas más y desde distintas instancias se pide también una regulación.

"Las webs que inducen a la anorexia y la bulimia, conocidas como pro-ana y pro-mía, se están convirtiendo en los contenidos nocivos más visitados por las menores", explica a EFE Guillermo Cánovas, presidente de Protégeles, que tiene una línea de denuncia por la seguridad de los menores en la red.

Según un estudio que esta organización está a punto de concluir, un 17% de menores entre 8 y 17 años (17,5% chicas y 16,5% chicos), sobre todo adolescentes, las visitan. Y el 19,1% conoce a otros que lo hacen. El objetivo para un 26,2% de la chicas es perder peso, mientras que en los chicos es el 17%.

Esto supone un cambio de tendencia, pues hasta ahora distintos estudios reflejaban que la pornografía era el contenido nocivo más visitado por los adolescentes. "Sigue siendo así en el caso de los varones, que sitúan las webs de anorexia en tercer lugar, tras la pornografía y la apología de la xenofobia y el racismo, pero no en el de las chicas, que las visitan en primer lugar ", afirma Cánovas.

Contenidos nocivos susceptibles de ser visitados por menores en España donde, según una encuesta del INE de octubre de 2007, el 44,6% de los hogares tiene acceso a Internet (en 2004 era el 33,6%), es decir 6,5 millones de viviendas.

El 76,85 de los niños entre los 10 y los 15 años usan la red aunque en el 83% de los hogares se controla su acceso a determinados sitios, a través del control personal (horarios, webs visitadas) -86,3%-, o programas de filtrado -44%-.

La iniciativa del Gobierno francés de tipificar como delito la inducción a la anorexia, principalmente a través de Internet, fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional y falta el refrendo del Senado.

Según el proyecto francés, provocar a una persona a que busque una delgadez excesiva es punible con una pena máxima de dos años de prisión y una multa de 30.000 euros. En el caso de muerte, la prisión se eleva a tres años y 45.000 euros de multa.

En España, una medida similar no está de momento en los planes del Ministerio de Sanidad, donde según un portavoz, "no se ha estudiado en profundidad" la medida aprobada en el país vecino.

Las acciones adoptadas en las pasada legislatura por este departamento -recuerda- tienden a la mejora de la educación nutricional y hábitos saludables. Además se realizó un estudio antropométrico para un nuevo patronaje textil.


SUICIDIO Y DESTRUCCIÓN

Partidario de regular este aspecto "y otros con relación a los menores", se muestra el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.

"Si los grupos parlamentarios llegan a un acuerdo sobre la reforma del Código Penal, tras casos como el de Mari Luz, no estaría de más incorporar la tipificación de este tipo de páginas o estrategias como un posible delito", expone el defensor en declaraciones a EFE.

"En España tenemos un grave problema -agrega- porque cuando transmitimos a la Fiscalía denuncias que nos llegan a la institución no hay un tipo penal que aplicar, y muchas veces además es muy difícil de demostrar la relación causa-efecto entre el contenido de la página y el desarrollo de la enfermedad".

El Defensor del Menor ha enviado a la Fiscalía durante 2007 unas 50 denuncias, cifra similar a la remitida el pasado año, que constituye sólo una parte de la infinidad de avisos que reciben, y que filtran los expertos para dilucidar cuáles de los contenidos denunciados son realmente nocivos.

Entre ellas, las de ADANER (Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia). "Estamos encantados por la propuesta francesa porque es lo que estamos pidiendo que se haga en España", explica a EFE su coordinadora, Carmen González Blázquez.

"Vemos como año tras año se multiplican las páginas pro-ana y pro-mía y estamos tremendamente alarmados", explica González al tiempo que pide que se legisle de la misma forma o similar que en Francia porque en esas páginas "hay una incitación al suicidio, a la destrucción de la mujer".

Arturo Canalda explica que, al no existir un tipo legal, se buscan resquicios que puedan ser constitutivos de delito, como el blog de anorexia detectado recientemente con niños de 12 ó 13 años en el que algunos dejaban su fotografía.

"La imagen, la intimidad de los menores, la revelación de datos que permitan su identificación -subraya- permiten a las Fuerzas de Seguridad actuar en algunos casos".

El otro gran problema para Canalda es la dispersión de páginas por otros países, para lo que habría que contar con colaboración de los cuerpos policiales extranjeros, lo mismo que se hace en el caso de la pederastia, que sí es delito.

Establecer ese tipo penal "no es una solución en sí misma", a juicio del Defensor, sino una medida "que debe ir acompañada de información a los padres para detectar un posible caso de anorexia en sus hijos y de medidas educativas para que los adultos enseñen a los niños a utilizar las nuevas tecnologías de forma adecuada".


500 PAGINAS CERRADAS
La colaboración de las empresas proveedoras de servicios de Internet ha sido clave en el cierre de medio millar de páginas en los últimos tres años, según Cánovas. Y ello gracias a un convenio firmado en 2005 entre Protégeles y Terra-Telefónica, MSN-Microsoft, Orange-Wanadoo, Yahoo y Asimilec.

En virtud de ese acuerdo, estos proveedores se comprometieron a retirar los contenidos pro-ana y pro-mía que les fueran notificados.

"El problema es que se cierran unas y se abren otras", asegura Cánovas. Pero a medida que los proveedores de contenidos aumentan su colaboración, los promotores de las páginas van encontrando cada vez menos sitios donde abrirlas.

Además, Protégeles está en los listados de correos electrónicos de "amigas" de los promotores, de forma que "cuando abren una página nueva normalmente nos lo comunican como una "invitada" más.

Inmediatamente la notificamos".

Un método con el que no está de acuerdo la Asociación de Internautas, cuyo portavoz, Víctor Domingo, cree que "para cerrar una página en Internet debe mediar una orden judicial. Queremos garantías, no entidades que se tomen la justicia por su mano".

"Deber ser un juez quien determine el límite entre la inducción a la anorexia o bulimia y la libertad de expresión", señala Domingo.

"No estoy en contra de que se considere delito la inducción a la anorexia, pero no criminalicemos Internet y persígase entonces en todos los ámbitos, en todos los sitios físicos y virtuales", añade Domingo.

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