E. G. / G. P. / tomiño / a cañiza
Marcos Martínez, hijo del dueño de Marbar -el empresario Manuel Martínez Barros, que sigue en paradero desconocido- planteó ayer la posibilidad de elaborar un plan de viabilidad para reflotar la empresa constructora, que lleva ya una semana de inactividad. Dicho plan podría incluir una auditoría, suspensión de pagos y nombramiento de un administrador judicial.
Los trabajadores, a través de su representante de la CIG, Serafín Fernández, se dieron por informados y piensan estudiar esa opción, pero sin renunciar a su decisión de presentar una demanda colectiva dentro del plazo que marca la ley -veinte días a contar desde el pasado 21 de enero-, para lo que 46 de los 56 miembros de la plantilla firmaron ayer el correspondiente poder ante el notario José Manuel Rodríguez Casal, de A Guarda, "que no ha querido cobrarles, por solidaridad, cuando la gestión costaba 400 euros", precisó Fernández. "Firmaron incluso los trabajadores que han conseguido otro empleo", asegura. El resto que no acudió al notario, puede presentar su demanda a título individual.
A la firma del poder notarial, que se realizó en dos turnos, siguió después en las oficinas de la factoría de Marbar, en Santa María de Tebra, una larga reunión de dos horas en la que participaron los representantes sindicales, el letrado Ramón Pena, asesor jurídico de Marcos Martínez, y miembros de la plantilla, y en la que se puso sobre la mesa la medida propuesta por el hijo del empresario de Tomiño. Él aguardó fuera de las instalaciones, y, más apartados, el resto de los trabajadores.
Cabizbajo y preocupado, Marcos Martínez delegaba en su letrado cualquier explicación. "Que o avogado fale por min", dijo. Por su parte, Ramón Pena, sólo manifestó que "vengo para tratar de ayudar a esta gente".
Serafín Fernández comunicaba que hoy podría saberse a ciencia cierta qué bienes corresponden al grupo de empresas que lidera Manuel Martínez Barros, tras la labor de investigación del servicio jurídico de la CIG.
