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La Xunta elabora un inventario de islas para su posible compra
Galicia tiene más de 300 archipiélagos, islotes y peñascos repartidos por su costa.
JULIO PÉREZ / VIGO La inmensa mayoría de las islas gallegas están a golpe de vista, con lo que si nos diéramos una vuelta por los más de mil kilómetros de costa que tiene la comunidad, podríamos hacer un recuento. De archipiélagos, islotes y peñascos que salpican el litoral. Son tan abundantes, que el viaje sería largo, muy largo. ¿Cuántos son? Pues 316 exactamente. El cálculo lo ha elaborado la Consellería de Medio Ambiente mediante un inventario con el que pretende hacerse una idea del gran tesoro insular que tiene la autonomía, de cara a su incorporación al patrimonio público. Está previsto que el próximo año empiece con la transferencia desde el Gobierno central de la gestión del Parque Natural das Illas Atlánticas y la Administración gallega quiere que poco a poco se vayan incorporando a él más espacios protegidos.
El avance del catálogo, recién terminado, incluye la larga lista de islas, un resumen y una breve descripción de las más importantes y planos con su situación, además de uno en exclusiva para las que pertenecen al Parque Nacional. El documento no se hará público. Tendrá un "uso doméstico", según confirman fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, para estudiar cuáles de las islas son susceptibles de ser adquiridas y que pasen así a manos públicas.
Para diferenciar, por ejemplo, entre las islas que tienen algún tipo de valor medioambiental por su paisaje, la fauna o la flora, o los peñascos que no son más que simples zonas rocosas de imposible acceso y sin riqueza alguna. Y de esas hay muchas. De hecho, de las 316, la Xunta ha desgranado a fondo la situación en la que están y sus características de sólo 47. La Ley de Costas, además, contempla directamente como patrimonio público las de menor tamaño.
La realización del inventario forma parte del plan de la Xunta de convertir al patrimonio público todos los máximos espacios protegidos posibles. La primera decisión fue la compra de la isla de Cortegada, en la Ría de Arousa. Después llegó una sorpresa. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la Administración gallega, optó por ejercer su derecho de tanteo sobre la isla de Sálvora -amparándose en la Ley de Conservación de los Espacios Naturales-, sólo un par de meses después de que Caixa Galicia anunciara la compra del archipiélago. El siguiente paso será hacerse con las Illas Sisargas, en la Costa da Morte.
Objetivo: la batería de O Grove y Tambo
La Xunta trabaja en el estudio de las islas gallegas con el mismo objetivo con el que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente analiza la compra de terrenos en la comunidad. Quieren salvaguardar todas aquellas áreas que sean consideradas importantes desde el punto de vista del medioambiente, ecosistemas que están en manos privadas todavía y que puedan correr peligro por el furor urbanístico. Actualmente, el Gobierno central tiene en mente la adquisición en Galicia de 500 hectáreas por valor de 25 millones de euros. Y en las que hay "áreas frágiles ante el proceso de cambio climático". En esas 500 hectáreas se incluye la batería militar del concello de O Grove, en desuso, aunque cuenta con un destacamento de la Brilat, que emplea los terrenos para prácticas de entrenamiento. La cesión de la batería se enmarcaría dentro del convenio que el Ministerio de Medio Ambiente tiene con el de Defensa, titular de las parcelas, para hacerse cargo de propiedades de uso militar desafectadas. En ese mismo acuerdo entraría la isla de Tambo, en la Ría de Pontevedra. Su dueño es también el Ministerio de Defensa. Tienen una superficie de 28 hectáreas y alcanza los 80 metros de altitud. De forma obalada, está completamente cubierta de arbolado, sobre todo eucaliptos. Por el sur, cuenta con una pequeña península que parece cai una isla vista desde tierra y donde hay un viejo faro. Tiene dos playas y tres embarcaderos. Por su uso castrense, nadie puede acercarse a ella a menos de 200 metros. Ni Medio Ambiente ni Defensa tienen, de momento, un plazo concreto para realizar la transferencia de la propiedad.
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JULIO PÉREZ / VIGO La inmensa mayoría de las islas gallegas están a golpe de vista, con lo que si nos diéramos una vuelta por los más de mil kilómetros de costa que tiene la comunidad, podríamos hacer un recuento. De archipiélagos, islotes y peñascos que salpican el litoral. Son tan abundantes, que el viaje sería largo, muy largo. ¿Cuántos son? Pues 316 exactamente. El cálculo lo ha elaborado la Consellería de Medio Ambiente mediante un inventario con el que pretende hacerse una idea del gran tesoro insular que tiene la autonomía, de cara a su incorporación al patrimonio público. Está previsto que el próximo año empiece con la transferencia desde el Gobierno central de la gestión del Parque Natural das Illas Atlánticas y la Administración gallega quiere que poco a poco se vayan incorporando a él más espacios protegidos.
El avance del catálogo, recién terminado, incluye la larga lista de islas, un resumen y una breve descripción de las más importantes y planos con su situación, además de uno en exclusiva para las que pertenecen al Parque Nacional. El documento no se hará público. Tendrá un "uso doméstico", según confirman fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, para estudiar cuáles de las islas son susceptibles de ser adquiridas y que pasen así a manos públicas.
Para diferenciar, por ejemplo, entre las islas que tienen algún tipo de valor medioambiental por su paisaje, la fauna o la flora, o los peñascos que no son más que simples zonas rocosas de imposible acceso y sin riqueza alguna. Y de esas hay muchas. De hecho, de las 316, la Xunta ha desgranado a fondo la situación en la que están y sus características de sólo 47. La Ley de Costas, además, contempla directamente como patrimonio público las de menor tamaño.
La realización del inventario forma parte del plan de la Xunta de convertir al patrimonio público todos los máximos espacios protegidos posibles. La primera decisión fue la compra de la isla de Cortegada, en la Ría de Arousa. Después llegó una sorpresa. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la Administración gallega, optó por ejercer su derecho de tanteo sobre la isla de Sálvora -amparándose en la Ley de Conservación de los Espacios Naturales-, sólo un par de meses después de que Caixa Galicia anunciara la compra del archipiélago. El siguiente paso será hacerse con las Illas Sisargas, en la Costa da Morte.
Objetivo: la batería de O Grove y Tambo
La Xunta trabaja en el estudio de las islas gallegas con el mismo objetivo con el que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente analiza la compra de terrenos en la comunidad. Quieren salvaguardar todas aquellas áreas que sean consideradas importantes desde el punto de vista del medioambiente, ecosistemas que están en manos privadas todavía y que puedan correr peligro por el furor urbanístico. Actualmente, el Gobierno central tiene en mente la adquisición en Galicia de 500 hectáreas por valor de 25 millones de euros. Y en las que hay "áreas frágiles ante el proceso de cambio climático". En esas 500 hectáreas se incluye la batería militar del concello de O Grove, en desuso, aunque cuenta con un destacamento de la Brilat, que emplea los terrenos para prácticas de entrenamiento. La cesión de la batería se enmarcaría dentro del convenio que el Ministerio de Medio Ambiente tiene con el de Defensa, titular de las parcelas, para hacerse cargo de propiedades de uso militar desafectadas. En ese mismo acuerdo entraría la isla de Tambo, en la Ría de Pontevedra. Su dueño es también el Ministerio de Defensa. Tienen una superficie de 28 hectáreas y alcanza los 80 metros de altitud. De forma obalada, está completamente cubierta de arbolado, sobre todo eucaliptos. Por el sur, cuenta con una pequeña península que parece cai una isla vista desde tierra y donde hay un viejo faro. Tiene dos playas y tres embarcaderos. Por su uso castrense, nadie puede acercarse a ella a menos de 200 metros. Ni Medio Ambiente ni Defensa tienen, de momento, un plazo concreto para realizar la transferencia de la propiedad.
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