PAULA PÉREZ / SANTIAGO
El Gobierno central ha admitido por primera vez daños en la salud de las personas que trabajaron en la retirada del fuel procedente de la marea negra del Prestige. El Ejecutivo se apoya en un informe del Instituto Carlos III que aconseja además que la población afectada sea sometida a un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. Pese a las secuelas, la Administración central elude ofrecer ayudas compensatorias al personal que colaboró en las tareas de limpieza.
Así respondió a una pregunta formulada por el BNG en el Senado, en la que los nacionalistas gallegos exigían al Estado medidas compensatorias para paliar los daños en la salud de las personas afectadas. El Gobierno central obvió hablar de indemnizaciones pese a que reconoció que el personal que colaboró en la retirada del fuel sufre problemas respiratorios y alteraciones cromosómicas.
"Los resultados actuales muestran un incremento del riesgo de síntomas respiratorios, hiperreactividad bronquial, estrés oxidativo, inflamación pulmonar, remodelado bronquial y vascular y daño cromosómico asociado a la participación en la limpieza del fuel uno o dos años después de la misma", explica el Gobierno central.
Éstas son las conclusiones que se desprenden del estudio que la Administración central encargó al Instituto de Salud Carlos III y que subvencionó con partidas del Fondo de Investigaciones Sanitarias.
El Ejecutivo explicó que los científicos responsables plantean en este informe la "necesidad de un seguimiento" de la salud de la población afectada. El objetivo sería analizar si los síntomas encontrados disminuyen a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde la exposición y también estudiar estrategias de prevención ante futuras catástrofes consistentes en la "protección respiratoria" de los voluntarios.
Una vez finalizada la investigación encargada al Instituto de Salud Carlos III, el Gobierno central anunció que está evaluando realizar otro estudio que permita "clarificar, confirmar o matizar" los resultados iniciales.
El senador del BNG Francisco Jorquera criticó que el Ejecutivo central no se pronunciase sobre una de las demandas que planteaba en su pregunta: "la necesidad de que se contemplen ayudas compensatorias para paliar los daños en la salud de las personas afectadas".
Durante la marea negra del Prestige, que se hundió en noviembre de 2002, miles de marineros, voluntarios y personal contratado trabajaron en las tareas de limpieza y retirada del fuel tanto en el mar como en la costa.
Según los cálculos de la Xunta, aproximadamente unas 400.000 personas han estado expuestas al fuel procedente de la marea negra del Prestige.
Francisco Jorquera denunció que estas personas estuvieron en contacto de manera directa con el chapapote "sin los medios de protección adecuados".
Desde la marea negra del Prestige se han publicado varios estudios científicos que advertían del impacto negativo de los hidrocarburos sobre la salud de las personas que estuvieron en contacto con esta sustancia, pero hasta ahora ni el Gobierno central ni la Administración gallega habían asumido los resultados de estas investigaciones y tampoco han contemplado la posibilidad de conceder compensaciones.