A. G. - A ILLA
La Fiscalía pidió ayer la desestimación de la demanda presentada por el alcalde de A Illa, José Manuel Vázquez, y tres ediles más contra José Carlos y Raimundo Piñeiro, portavoces hasta hace poco de Cafines por supuestas difamaciones y atentado al honor. Pese a esta solicitud, el ministerio público entiende que las afirmaciones que realizaron los dos acusados sobre supuesta falsedad documental en la construcción de Villa-PSOE, no tiene ningún tipo de sentido ya que "un alcalde no puede falsificar un informe cuando son los técnicos los que lo elaboran".
La acusación particular no tiene la misma visión. El abogado que representa los intereses del regidor de A Illa y de los tres ediles que formaban parte de la comisión de gobierno que dio luz verde al desarrollo del área de reparto de O Furado entiende que se ha causado un claro perjuicio a estas personas, solicitando al juez una indemnización de 10.000 euros.
Entiende el representante jurídico que existen una serie de hechos probados como son las manifestaciones continuas, por parte de los dos acusados, insinuando que en esa urbanización se cometieron "pelotazos en toda regla o caciquismo puro y duro". Sin embargo, las más graves acusaciones son las de que "se falsificaron informes urbanísticos, irregularidades como que la obra incumple la Ley de Costas, e incluso hablan de blanqueo de capitales y conductas delictivas cuando está más que probado que no existe nada".
Por eso, además de la indemnización, la demanda presentada contra los dos antiguos portavoces de Cafines, hoy altos mandos del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) sirva para limpiar de sospecha a sus representados. "No todo vale en la crítica política y esto es un claro ejemplo de lo que la Ley define como difamación: imputación de hechos delictivos falsos y juicios de valor", indicó el abogado.
Por su parte, la defensa de los dos Piñeiro solicitó al juez la desestimación íntegra de la demanda al considerar que no existen "pruebas veraces de que nuestros defendidos fuesen responsables de las descalificaciones aparecidas en la prensa". Es más, los acusados niegan haber hecho esas declaraciones. Además, en caso de pronunciarlas, nunca se realizó ningún tipo de menoscabo hacia una persona física y menos hacia los que interpusieron la demanda.
Por eso emplazaron al juez a hacer "prevalecer la libertad de expresión" y absolver a ambos acusados, o de existir condena "que sea simbólica".
Tanto José Carlos como Raimundo Piñeiro apuntaron a la salida del juzgado que la demanda es "un atentado contra la libertad de expresión de los ciudadanos". Insistieron en que, después de dos años, siguen sin conocer el expediente de urbanización del pinar de O Furado, el cual, aseguran, "vamos a continuar solicitando". No descartan iniciar ellos mismos acciones legales contra el alcalde de A Illa, para lo que cuentan con el apoyo del Movemento polos Dereitos Civís de Santiago.
