La Xunta ordena a los centros que permitan a los alumnos elegir el idioma en las clases

X. A. TABOADA / P. PÉREZ - SANTIAGO La nueva Xunta del PP ha dado ya el primer paso en su anunciada revisión del modelo lingüística en la educación. Con efecto inmediato, todos los centros públicos de Galicia recibirán instrucciones para “reponer los derechos civiles” en las aulas y dar total libertad a los alumnos para que, salvo en las asignaturas de Lengua Española y Lingua Galega, se puedan dirigir a los profesores y realizar los exámenes en el idioma que prefieran.
La orden partió el propio presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien se dirigió a la Inspección Educativa para que traslade las nuevas ordenanzas a todos los centros. Fuentes del Gobierno gallego precisaron que la comunicación a los colegios se realizará mediante una circular de la Consellería de Educación y que su envío comenzará “de forma inmediata”.
Estas mismas fuentes señalaron que las instrucciones darán libertad para elegir el idioma tanto a los alumnos como a los profesores y que de su implantación no se deriva un incumplimiento del decreto del gallego en la enseñanza. Al menos así se lo han expuesto al Gobierno gallego los juristas con los que consultó antes de tomar la decisión.
Esta medida representa un gesto político de calado en la política lingüística de la Xunta y constituye el avance de lo que será la derogación y modificación del decreto del gallego, que comenzará a aplicarse en el próximo curso. Tal como es ahora el modelo, como mínimo el 50% de las materias se impartirá en gallego y, “con carácter general”, la lengua que se emplee para dirigirse a los profesores o realizar los exámenes será la que use en esa materia. No obstante, el decreto recoge “excepciones” en esta regla, lo que en la práctica ya da a los estudiantes la posibilidad de elegir el idioma, salvo en las asignaturas de Lengua Española y Lingua Galega.
Sin cambios en los libros
Lo que hará la circular de la nueva Xunta es, precisamente, dejar sin efecto esa consideración de “con carácter general”. Directamente, estudiantes y profesores escogerán el idioma sin condicionantes previos.
Sin embargo, todos los libros y las fichas seguirán, hasta final de curso, tal como están, ya que no hay posibilidad de cambio. Esto puede ocasionar en que en una asignatura con todo el material escolar en gallego, toda la clase hable en castellano, o viceversa.
La medida, anunciada por Feijóo en una entrevista a la Cadena Cope, ha disgustado a la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. Su portavoz, Rubén Rivas, censura que la orden se haya tomado sin diálogo previo y sin consenso con el sector educativo, sostiene que no se respeta el Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en el Parlamento en el año 2004 y expresa su preocupación por las dificultades que tendrán los alumnos en lograr la competencia lingüística en gallego, “puesto que cada vez tienen menos ámbitos donde practicar el idioma”.
La otra primera medida sobre el gallego tomada por Núñez Feijóo fue la de ordenar a la directora xeral de Función Pública que en las próximas oposiciones de la Administración autonómica que se preparen, los aspirantes puedan utilizar indistintamente cualquier idioma. “Nos parece que simplemente es reponer un derecho constitucional, que es que cualquiera persona que se examine en Galicia para la Administración pública tenga el derecho a poder hacer el examen en castellano o en gallego”, destacó ayer Feijóo en la entrevista radiofónica.
Estos cambios en la política lingüística provocaron ayer en el enfado de socialistas y nacionalistas. Francisco Cerviño, del PSdeG-PSOE, acusó a Feijóo de “meter el dedo en la herida que él mismo abrió”, que fue el de crear un conflicto lingüístico donde no lo había. “Gobierna solo para una minoría llena de prejuicios sobre la lengua gallega. Estas medidas no van a favor del bilingüismo amable, sino del bilingüismo crispado”, añadió Cerviño.
Más contundente mostró el diputado del Bloque Bieito Lobeira: “Supone conculcar directamente la legalidad y atenta contra los derechos lingüísticos de los administrados”.

Enfrentamiento en el Congreso por la defensa del PP del castellano

El PSOE y los grupos nacionalistas votaron ayer en el Congreso en contra de una propuesta del PP que pretendía reformar la Ley Orgánica de Educación para que las administraciones educativas garantizasen el derecho de los escolares a recibir enseñanzas en castellano en todas las etapas educativas.
En un acalorado debate, el portavoz adjunto del PP, Alfonso Alonso, argumentó que “sencillamente no es posible recibir la educación en castellano” en Euskadi y en Cataluña, y que en Galicia y Baleares ha caminado hacia “el arrinconamiento” de esta lengua.
Sólo Rosa Díez, de UPyD, apoyó la propuesta, pues se trata, ha dicho, de una cuestión de “derechos y de libre elección”.
La socialista Cándida Martínez, pidió al PP que no use las lenguas y la enseñanza para dividir y que no cree un problema donde no lo hay, y se preguntó por qué quiere “romper” un modelo que ha funcionado bien. “Ni se ha roto España ni la lengua castellana está en peligro”, indicó.
En general, los grupos nacionalistas rechazaron que exista un problema y entienden que el PP lo utiliza con fines políticos y electorales. Así, Olaia Fernández Dávila, del BNG, consideró que la propuesta del PP se basa en una gran mentira y en el cinismo político.