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Los vecinos de Cangas se movilizan para evitar la orden de expulsión contra Hassane

La defensa solicita que se anule la repatriación para evitar un castigo de las autoridades mauritanas

 
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Hassane, rodeado de amigos, vecinos y su familia de Aldán, al salir del juicio celebrado ayer en los juzgados de Pontevedra.  Gustavo Santos

F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA El pueblo de Cangas volvió a demostrar su unidad a la hora de defender una causa que considera justa. Decenas de vecinos, mayoritariamente de la parroquia de Aldán –los que a las once de la mañana de un día laborable podían desplazarse hasta Pontevedra– acudieron ayer al juzgado contencioso de la capital, para demostrar su apoyo a El Hassane Moctar Gaye, el joven mauritano de 24 años que desde el pasado año vive con una familia canguesa, amenazado con una orden de expulsión por “no tener papeles”.
El Gobierno demanda su repatriación a Mauritania por dos motivos: su permanencia ilegal en España y “la carencia de todo intento de regularizar su situación” durante tres años, según expuso el abogado del Estado en la vista oral. En contraposición a la fría argumentación legal, los vecinos, amigos y familiares cangueses del joven inmigrante, quisieron demostrar con su presencia en el juzgado que Hassane es una persona “perfectamente integrada en la sociedad”, y de un comportamiento “ejemplar”.
A raíz de la noticia de su expulsión ha recibido cuatro ofertas de trabajo, que perdería si es expulsado del país.
Su abogada del turno de oficio, Beatriz Cal, solicitó la anulación de la orden de expulsión dictada el pasado 11 de septiembre, porque “no está suficientemente motivada”. Propuso a cambio una sanción económica de 301 euros (cantidad mínima legal) además del abono de las costas procesales. En la vista oral, la letrada argumentó que no existen motivos racionales para la expulsión de Hassane, que “no ha cometido ningún delito”. Trató de demostrar además su arraigo en el pueblo que le ha acogido. La abogada apeló a la “humanidad” de la justicia, recordando que Mauritania sufre un régimen dictatorial, que puede castigar incluso con cárcel a Hassane, si finalmente es deportado. Cal aportó en el juicio las 5.000 firmas de vecinos, reunidas en sólo unos días, que solicitan una anulación de la orden de expulsión.
En el exterior del edificio judicial de A Parda, tanto antes como después de celebrarse la vista oral, se vivieron escenas de gran emotividad.
Emocionado
Hassan Moctar llegó al juzgado seguido de decenas de vehículos particulares e incluso un autobús repleto de vecinos, fletado por el Concello de Cangas. Sus amigos, muchos estudiantes y profesores de los institutos María Soliño y Rodeira de Cangas, desde el primer momento desplegaron pancartas y corearon consignas de apoyo al mauritano. Convirtieron la movilización a las puertas del juzgado en toda una fiesta, acompañada incluso de gaitas.
Hassan no pudo reprimir las lágrimas al ver tal concentración de gente ante el edificio. La emoción le impedía hablar al llegar al juzgado: “Ahora no puedo decir nada, de verdad, gracias a todos”, fue lo único que declaró, entre sollozos, antes de entrar a la sala.
Su “hermana adoptiva” Jessica Veiga da Costa fue el único testigo llamado por la defensa durante la celebración de la vista. Jessica Veiga sintetizó ante el tribunal lo que expresaba en la calle la presencia de tantos vecinos y amigos: “Desde que lo acogimos en casa es un miembro más de la familia, nunca ha dado un problema, todo el mundo lo quiere. Mi abuela de 95 años pregunta por Hassane nada más levantarse, porque él pasa mucho tiempo con ella, cuidándola. Si lo echan, mi abuela se muere”, explicó la joven.
El padre de Jessica, Miguel Veiga, decidió acogerlo en casa porque Hassane vivía en la calle. Llegó a España en un patera con otras 36 personas hace tres años. Después de pasar por Andalucía y Cataluña trabajando como jornalero, Galicia se convirtió en su destino porque había conocido a marineros gallegos, principalmente cangueses, trabajando en la pesca.
Habla gallego
Al salir del juicio, ya más tranquilo, Hassane explicaba que durante estos años no se interesó por regularizar su situación legal –lo que alegó el abogado del Estado para pedir su expulsión–, porque su preocupación era aprender el idioma “para entenderme con la gente”, además de conseguir trabajo. Y no sólo aprendió castellano, Hassane se defiende también en gallego. Además, recordó, un compañero le había dicho que después de vivir tres años en España pasaba a ser “legal”, con lo que se despreocupó del asunto.
Hassan declaró que “si las cosas salen bien, o si salen mal, yo me voy con la cabeza muy alta, y muy agradecido por el apoyo de todos mis vecinos y mis amigos de Cangas y de Bueu. Nunca esperé este apoyo”.
En caso de ratificarse la orden de expulsión, Hassane no podría regresar a España durante un período de cinco años y se teme un castigo penal por parte de las autoridades mauritanas.
En la calle, los amigos y familiares de Hassane recordaban anécdotas de su estancia de tres años en la comarca de O Morrazo. Apuntaban que la primera vez que el joven asistió a una escuela fue el pasado año, en Bueu, con la intención de obtener un título para trabajar como marinero.
Su familia de Cangas le ha enseñado además a escribir. “Le poníamos los cuadernos de Rubio, como a mi hijo pequeño, y los dos aprendían al mismo tiempo”, contaba una de sus “hermanas adoptivas”. Hassane se ocupa también de ir a recoger al pequeño de la casa a la escuela, por lo que los compañeros del niño le preguntaron en alguna ocasión “¿tu papá es negro?”.

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