N. PILLADO / NIGRÁN
La plaza de abastos de A Ramallosa podría desaparecer o cambiar de uso si así lo deciden los tribunales. La Dirección General de Costas del Estado mantiene activo un litigio en el que reclama la recuperación de los terrenos donde se ubica el inmueble, dado que considera que la concesión administrativa de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, otorgada en 1904, ha caducado. El departamento del Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer el pleito al concejal de Urbanismo de Nigrán, Juan González, cuando éste le solicitó permiso para llevar a cabo unas obras de mejora de su aspecto tras la pintura amarilla que le aplicó el anterior gobierno municipal y que abrió la polémica en la zona en su momento por su estridencia y su incongruencia con el entorno natural del estuario del río Miñor.
González había previsto cubrir las fachadas con placas de piedra para embellecer el edificio y recuperar la harmonía de la zona. Para ello, inició trámites como la solicitud de una subvención a la Consellería de Industria. Los 24.150 euros de esta partida fueron concedidos el pasado día 14 de julio dentro de las ayudas a las corporaciones locales para la adecuación y modernización de equipamientos comerciales. Asimismo, solicitó autorizaciones al Servicio Provincial de Carreteras de Pontevedra, perteneciente a la Consellería de Política Territorial, y a la Dirección General de Costas. Política Territorial otorgó su permiso el pasado 21 de octubre, pero en la tramitación ante Costas apareció la discrepancia jurídica.
El Ministerio considera que la concesión ha terminado, mientras que los servicios jurídicos municipales entienden que el inmueble es un bien de dominio público municipal, adscrito a la prestación de un servicio público como es el mercado. A partir de ahí comienza la negociación entre el edil de Urbanismo y los responsables de Costas, un proceso que demorará las obras de mejora del aspecto de la plaza.
Ante esta situación, González ha solicitado a la Consellería de Industria una prórroga de la subvención otorgada con el fin de no perderla. El concejal pretende recuperar el inmueble para el patrimonio municipal o, en cualquier caso, llegar a un acuerdo con Costas para facilitar la ejecución de su proyecto sin perjudicar la acción de otras administraciones. Su gestión se diferencia así de la del anterior gobierno, presidido por Alfredo Rodríguez, que reformó el mercado sin permiso del organismo.
