El nuevo deslinde de Costas amenaza la propiedad de casas y fincas en Galicia

"La gente no es consciente de lo que hay", advierte una de las asociaciones de afectados por la Ley de Costas

X. A. Taboada / Santiago
Se está realizando con sigilo, pero sus consecuencias serán rotundas. El deslinde del litoral que promueve el Ministerio de Medio Ambiente para delimitar al detalle los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo terrestre provocará que miles de propiedades de la costa gallega, entre casas, fincas o cualquier otra edificación, pasen a ser de titularidad del Estado. Da igual que las propiedades sean totalmente legales o que estén perfectamente inscritas en los registros de la propiedad. Para que el Estado las considere suyas, ordene la anulación de las inscripciones registrales y los dueños pierdan todos los derechos de propiedad es suficiente con que la Demarcación de Costas las incluyan dentro de los límites del dominio público marítimo terrestre, tarea de la que se encargan técnicos de Medio Ambiente y cuya previsión es concluirla el próximo año.
El deslinde se acomete al amparo de la Ley de Costas de 1988, que define como dominio marítimo terrestre las playas, las dunas, las marismas, los acantilados, los espacios ganados al mar mediante rellenos y, de carácter general, todos los terrenos que van desde la marea más baja hasta donde llegasen las olas en los mayores temporales registrados. Su delimitación se aceleró con el anterior Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, y ahora, con Elena Espinosa en esa cartera, se le ha dado un nuevo impulso.
Debido a este deslinde, en toda España han salido a escena numerosas asociaciones de afectados que intentan conservar sus propiedades, muchas de ellas representadas en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. En el caso de Galicia, la más importante ha nacido en Moaña, donde el deslinde, en tan sólo un kilómetro de playa, ha situado dentro del dominio público a algo más de 200 viviendas, amplios terrenos del ayuntamiento y hasta dos colegios públicos.
"Legalmente lo tenemos todo perdido y sólo nos queda el derecho al pataleo. El Estado se queda con nuestras casas y no hay indemnización siquiera", asegura el secretario de la asociación de afectados de Moaña, Pedro Delgado. Tanto él como la presidenta de la plataforma nacional, Carmen del Amo, sostienen que en Galicia serán miles las propiedades que pasen al Estado.

Incredulidad
La razón por la que la reacción social en la comunidad gallega apenas existe es, según Pedro Delegado, que la gran mayoría desconoce el alcance de lo que significa el deslinde del litoral, así como si sus propiedades están afectadas, y que encima no dan credibilidad al hecho de que con una sola orden publicada en el BOE pierden la titularidad de sus casas y fincas en favor del Estado. "La gente no es consciente", resalta Pedro Delgado. "No hay pelotas a que nadie me quite mi casa", es lo que dicen algunos de los afectados.
Una vez aprobado el deslinde, el Gobierno asume la titularidad de los bienes y a cambio, según una de las disposiciones de la Ley de Costas, compensa a los propietarios con una concesión de 30 años, prorrogables por otros 30, para seguir viviendo en el mismo sitio. Si se formaliza el traspaso de propiedad, los antiguos dueños pierden todos los derechos y en caso de hipotecas los bancos pueden ordenar la ejecución de la misma o la presentación de nuevos avales como garantía.
Más organizados que en Galicia están los afectados de la costa levantina, especialmente en Alicante, que han presentado recursos ante diversas instancias judiciales y también ante el Parlamento europeo. Uno de los argumentos que emplean para denunciar el "abuso" y la falta de sentido del deslinde es que si se aplica estrictamente el concepto de dominio público marítimo terrestre, habría que incluir parte del casco histórico de San Sebastián, Santander y A Coruña porque las olas, en los últimos temporales, llegaron hasta dentro de las ciudades.