La solicitud de autorización por parte de Red Eléctrica Española a Augas de Galicia pilló ayer completamente por sorpresa al gobierno local de Vilaboa, enfrascado estos días en el conflicto surgido por la orden de derribo de una vivienda en Cobres. Tanto el alcalde, el socialista José Luis Poceiro, como la teniente de alcalde, Ornela Fernández (BNG) confirmaron ayer que este anuncio ya ha sido puesto en manos de su asesoría jurídica y se preparan alegaciones en los veinte días de exposición al público.
Además, aguardan a que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación formulado contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional en la que se desestimaban las peticiones municipales y vecinales contra el "proyecto del Eje Atlántico de Alta Velocidad, electrificación, subestaciones y centros de autotransformación asociados".
En su día, el Concello había presentado recurso contra este proyecto concreto de las subestaciones alegando, entre otras cuestiones, que no había sido sometido a información pública ni al informe de las administraciones locales afectadas por las subestaciones eléctricas que necesita la línea del AVE. También argumentaba que no habían sido sometidas a informe de impacto ambiental. Respondía el abogado del Estado que estas obras no necesitaban del informe de las corporaciones locales y que se engloban dentro de un proyecto mayor que ya superó dichos trámites. Para el tribunal "es claro que "tal como señala el Abogado del Estado, no se trata de un proyecto independiente, sino que es accesorio de la infraestructura ferroviaria principal", por lo que decidió rechazar el recurso del Concello. El fallo no era firme y ahora se aguarda por la respuesta del Supremo.
