Enrique López Patricio, propietario de la vivienda de Vilaboa sobre la que pesa una orden de derribo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), confía en una paralización in extremis de la ejecución de la sentencia.
El afectado, la Plataforma Salvemos Vilaboa y el gobierno municipal esperan lograr una moratoria de la resolución, mientras no se resuelven los recursos presentados desde todas estas entidades y hasta que se apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que salvaría esta y otras casas afectadas por la falta de planeamiento en el municipio.
A la espera de esa llamada de última hora que paralice el derribo, el afectado retira estos días los enseres de su vivienda, ante la posibilidad de que no haya moratoria y la piqueta actúe, como está previsto, desde primera hora de mañana.
Oposición vecinal
Los vecinos, convocados por la Plataforma Salvemos Vilaboa, anunciaron en la última manifestación convocada contra los derribos (el pasado jueves) que se opondrán a la acción de las máquinas, si bien -como recuerdan sus directivos-, con la actual ley de seguridad ciudadana, conocida como "ley mordaza", se hace muy difícil oponerse a cualquier decisión gubernamental, por las fuertes sanciones que conlleva.
El afectado por esta primera orden de derribo en Vilaboa ha dedicado las últimas horas a retirar de la vivienda los enseres que ha podido, situándose en el peor escenario que sería el de que las máquinas empiecen mañana mismo a tirar la casa. Asegura no tener otro domicilio en el que instalarse.
Aún así tanto él como sus vecinos y allegados confían en que el Gobierno autonómico aplace la orden mientras no llegue la única solución posible, mediante la aprobación del PXOM que está en su recta final de tramitación.
La aprobación definitiva do Plan de Urbanismo resolvería muchos de los expedientes abiertos por la APLU.
Augas de Galicia recibió el pasado miércoles el segundo informe de abastecimiento a los 61 núcleos de Vilaboa, un documento determinante para aprobar el PXOM que el municipio necesita.
El gobierno local de Vilaboa recibirá una respuesta de la Xunta en quince días. Si es favorable, se podría aprobar inicialmente el plan.
El alcalde, José Luis Poceiro, denuncia que a Enrique López Patricio "ni le han contestado a las alegaciones" presentadas. Tampoco al Concello le han comunicado formalmente la demolición prevista para mañana.
"Lo pienso y lo digo en voz alta: a Enrique López Patricio le quieren tirar la casa por una cuestión política, porque es la expareja de una conselleira socialista", denunció el regidor, quien lamenta lo "injusta" que está siendo la Xunta de Galicia en este asunto, porque "todos sabemos que hay sentencias de derribo en concellos amigos que no se ejecutaron aún y eso es lo que pedimos nosotros, una simple moratoria mientras no se apruebe el plan. Es lo único que pedimos, porque sería muy injusto que hoy se tire una vivienda y dentro de seis meses sea legalizada", manifestó el alcalde de Vilaboa.
