El grupo municipal del PP sostiene que el anuncio del gobierno local de poner en marcha una campaña informativa y su decisión de no instalar más composteros comunitarios hasta contratar a personal que lo atienda suponen en la práctica una "paralización" de este despliegue que atribuye a la "presión vecinal" de ciudadanos en contra de este sistema, al igual que el PP.
Paralelamente, el BNG lleva al Parlamento este asunto para que la Xunta aclare qué normativa legal se debe aplicar, después de que ésta indicara que los composteros necesitan un permiso ambiental específico.
