El responsable del área de Economía en la Diputación de Pontevedra, Carlos López Font, criticó ayer lo que a su juicio es un"juego perverso" del Partido Popular por dar a entender "con una clara tendenciosidad política" que es responsabilidad del Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL) la imposición de una tasa de 60 euros que debe abonar el ciudadano por una regularización catastral "decidida por el Gobierno del Estado".

López Font calificó de "absoluto escándalo" que se responsabilice al ORAL de esta tasa cuando este organismo "únicamente hace el papel de recaudador", es decir, "actúa exclusivamente como intermediario" de aquellos ayuntamientos que tienen voluntariamente delegada su gestión en este servicio de la Diputación.

La tasa catastral de 60 euros la cobra y la ingresa el Ministerio de Hacienda a cada propietario por los gastos de gestión como las fotografías aéreas, la inspección sobre el terreno y otros conceptos.

López Font acusó a algunos alcaldes del Partido Popular de "seguir alentando esa confusión de que parece que es algo que cobra la Diputación en su propio beneficio".

Eliminación de la tasa

En este sentido, indica que la aplicación de esta tasa "ha supuesto muchísima confusión y muchísima inquietud" según se puede comprobar en las reclamaciones presentadas, lo que ha llevado al Partido Socialista a pedir la supresión de la tasa de 60 euros que se está aplicando a cada inmueble regularizado. El Gobierno Provincial también pide la eliminación de esta tasa porque critica que busca "esquilmar a los ciudadanos".

"Es una tasa que viene absolutamente impuesta y en la medida que nos corresponde gestionar ese impuesto, en aquellos municipio que así lo han delegado, estamos obligados a hacerlo", insistió López Font.

El ORAL es el organismo de gestión de recursos para la administración local y tiene como finalidad informar y asistir al contribuyente, así como gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos y demás ingresos públicos de los ayuntamientos y de otras entidades públicas que lo deleguen.