Después de seis meses, desde mediados de octubre pasado, con contratos provisionales, el Concello resolvió ayer la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), una prestación que hasta hace medio año correspondía a la empresa Clece, pero que renunció a una nueva prórroga por razones económicas. Curiosamente, la nueva adjudicataria, la pontevedresa Idades, asume ahora este contrato durante los próximos cuatro años con un precio algo más bajo (diez céntimos menos por cada hora de atención) y sin la posibilidad de revisar al alza su cuantía.

Idades venció a las otras dos ofertas que se presentaron a este concurso con una propuesta de 14,35 euros por hora de atención a los 175 usuarios actuales (más el 4% de IVA) y además garantiza un total de 170 dispositivos de teleasistencia y otras mejoras, como 1.150 limpiezas anuales en domicilios, diez camas articuladas, cuatro sillas de ruedas y dos grúas. Según el Concello, la media que abonan los usuarios por cada hora es de un euro y medio aproximadamente.

El SAF es un servicio que presta atenciones básicas a personas habitualmente dependientes o de la tercera edad que viven solos. El Concello destinará en los próximos cuatro años, más uno de prórroga, alrededor de 1,4 millones de euros, si bien recibe ayudas de la Xunta, a razón de 9,7 euros por hora para los dependientes (el 80% de los usuarios) y una cuantía menor para los demás casos.

La estimación inicial es que Idades realice alrededor de 92.000 horas anuales, si bien todo dependerá del número real de usuarios y las necesidades de cada día. Otra de las garantías que implica este contrato, además de normalizar el servicio, es que se mantiene el empleo para los 95 trabajadores asignados a este servicio, con diversos tipos de contratos.

La empresa pontevedresa ya se hacía cargo del SAF desde hace finales de octubre, mediante un contrato-puente de un máximo de seis meses mientras se resolvía el concurso. Esa prórroga finalizaba este mismo mes. El concejal Raimundo González Carballo destacó ayer la experiencia de la nueva adjudicataria, no solo por esa actividad previa, sino porque también presta servicios similares en Poio, Marín, Barro, Bueu, Cerdedo, Cangas, Meis, Cambados o Soutomaior.

Este proceso fue objeto de polémica en su día porque el gobierno local no aprobó el expediente de contratación del servicios hasta mediados de octubre, apenas cinco días antes de que venciera el contrato anterior, que obligaba a a otorgar una nueva prórroga hasta la adjudicación final, ampliación a la que renunció Clece. Esto obligó a firmar un contrato de una semana con Galaúrea y después otro de seis meses con Idades -que finalmente es la adjudicataria definitiva- con el fin de evitar que los usuarios se quedaran sin estas prestaciones.