08 de abril de 2018
08.04.2018

Marea reprocha al BNG el "incumplimiento" de sus pactos y propone reprobar a Anxos Riveiro

08.04.2018 | 02:42
González y Moreira. // Rafa Vázquez

A poco más de un año para las elecciones municipales, el principal apoyo que ha tenido el gobierno local del BNG para sacar los presupuestos municipales, Marea Pontevedra, comienza a marcar de nuevo distancias y ayer lanzó un serio tirón de orejas al equipo de Miguel Fernández Lores por el "incumplimiento" de algunos de los acuerdos asumidos por el BNG, en especial la Renta Social Básica y el transporte metropolitano.

No fue su portavoz, Luís Rei, el que puso sobre la mesa este ultimátum, sino la coordinadora de Marea Pontevedra, Peque González, y la otra concejala del grupo, Carmen Moreira, que incluso advirtieron de que pedirán la reprobación de la concejala de Benestar Social, Anxos Riveiro, si en el pleno municipal del próximo mes de mayo no se incluye una propuesta de ordenanza de Renta Social que acumula meses de retraso.

Todo surge del acuerdo entre ambas partes por el que el gobierno local aprobó, en diciembre de 2016, el presupuesto municipal de 2017. Al margen de otros pactos, Marea se abstuvo en aquella votación a cambio de que se reservasen fondos para la adhesión de Pontevedra al transporte metropolitano (205.000 euros) y para la Renta Municipal (400.000 euros). Pero pasados los meses, no arrancan ninguna de las dos iniciativas.

"Muchas de nuestras propuestas que se convirtieron en acuerdos presupuestarios no son llevadas adelante por el gobierno. No sabemos si es pos desinterés, por incompetencia o por ambas", declaró ayer la coordinadora, que anunció la propuesta de reprobación de Riveiro, la concejala responsable de la normativa, "si en el pleno de mayo no se incluye una propuesta de ordenanza de la Renta Social Municipal".

Hace justo un año, el Concello de Pontevedra anunciaba la puesta en marcha de esta ayuda económica a vecinos en riesgo de pobreza y Luis Rei presentaba el borrador de ordenanza para regular su concesión. Su propuesta planteaba una renta social que se puede cobrar durante un espacio de doce meses y que se destina a la unidad familiar. El objetivo es garantizar que las familias que no disponen de ningún tipo de ingreso (o que no disponen de los suficientes) puedan atender necesidades vitales "básicas" como alimentación, vestimenta, techo o servicios y suministros básicos en el hogar. Los solicitantes también deberán ser vecinos del municipio de Pontevedra con una antigüedad de al menos seis meses. La cuantía de la prestación se calculará por unidad familiar y en base al IPREM, que marcará el mínimo a percibir para una familia de un único componente y que sería según la propuesta de Marea de 532 euros, hasta un máximo del 150% sobre el IPREM para las familias con seis o más miembros.

Marea recuerda que la idea cuenta incluso con un informe favorable de la Xunta, pero Carmen Moreira sospecha que en realidad el BNG "no quiere" aplicarla, como tampoco con el transporte metropolitano, "un plan que permitiría a los pontevedreses de menor de 19 años viajar gratis". La concejala de Marea denuncia que Pontevedra no ha solicitado todavía su inclusión y que incluso se han retirado unos 22.000 euros de la partida inicial para este fin con el fin de destinarlo a la contratación de una asistencia técnica para la administración electrónica. El cambio figura en la modificación de crédito que se debatirá en pleno la próxima semana y que podría decaer ante este rechazo de Marea.

El transporte metropolitano pretende ser activado por la Xunta este mismo año en Pontevedra, única ciudad gallega, junto con Ourense, que aún carece de él. Por el momento se estudia la incorporación de nueve municipios (Pontevedra, Marín, Poio, Cerdedo-Cotobade, Vilaboa, Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Barro y Soutomaior) si bien Sanxenxo también ha pedido su entrada. Se trata de bonificar billetes y mejorar el servicio, con fondos de ambas partes. La Xunta aportaría alrededor de un 80% y los concellos el resto. Aunque este sistema se estudia desde hace años, nunca llegó a concretarse un acuerdo con los municipios.

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